NEUQUÉN (AN).- El Consejo Provincial de Educación salió a controlar escuelas privadas, a partir de la andanada de planteos que comenzó a recibir de padres que se quejan por los sucesivos aumentos registrados durante el último año.
Hay casos de establecimientos que en septiembre próximo completarán una escalada del 40%, si se compara con lo que cobraban en junio de 2007.
En el organismo educativo cargaron culpas contra la gestión anterior. Sin dar nombres, afirman que no hubo controles durante los últimos años. Y ratifican que cualquier escuela privada dentro de la provincia debe pedir autorización para subir aranceles. En este contexto, los primeros en comenzar a recibir las visitas de asesores de la dirección de Nivel Privado, serán los jardines de infantes.
"La gente está muy enojada. Todos los días llegan presentaciones dando cuenta de los aumentos. Lo que va a hacer el Consejo es verificar si las subas se ajustaron a la reglamentación. Y también determinar si se condicen con la realidad económica de la provincia", manifestaron fuentes del Consejo. En el último mes hubo escuelas que enviaron notas a los padres comunicando sobre variaciones que se registrarán en los próximos días.
Esas notas tienen como argumento los mayores costos surgidos por tener que asumir aumentos salariales provocados puertas adentro de las instituciones a partir de los incrementos inflacionarios. Ante consultas de este diario, la cámara que agrupa estas instituciones no se pronunció oficialmente. En el CPE dicen que el contexto que posibilitó las subas estuvo dado por la "ausencia" de controles durante los últimos años. Cuado se les pregunta por el último semestre, dicen que están en
medio de un cambio, del cual el primer paso son los controles para transparentar cómo estas instituciones aplicaron las subas en ese lapso. Con todo, fue imposible hablar con la dirección de nivel Privado.
La ley que regula la actividad es la 695. Divide entre escuelas incorporadas y registradas. Las primeras, son las que asumen los programas educativos oficiales en la provincia. Las segundas no lo hacen necesariamente.
Esta normativa fija que el CPE determinará un arancel básico para los establecimientos incorporados que no sean gratuitos. Y que el propietario podrá solicitar que se le autorice un cobro mayor "en razón del material didáctico de que disponga y de mejoras en el servicio educativo que ofrezca, o menor en razón de la situación socioeconómica de los alumnos". La solicitud debe presentarse al Consejo por lo menos 30 días antes del comienzo de clases, y el cobro no se podrá hacer efectivo sin la aprobación del CPE.
Esta ley también fija las reglas para los establecimientos registrados, los no sometidos a las disposiciones vigentes de la enseñanza oficial en materia de matriculación. No obstente, la ley fija que no están exentos de dar información de lo que cobran.
Lo dice el artículos 13 del decreto 1255/77, que reglamenta la ley, que menciona que además de dar a conocer quiénes son los docentes y directivos que allí trabajan, deberán dar cuenta del "monto del arancel que perciban, incluyendo todo pago bajo cualquier denominación que exija, y discriminando los conceptos".
