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	Piccinini fue a la Justicia federal ayer y presentó una denuncia por presunta evasión fiscal contra Flavors.

VIEDMA (AV)- El gobierno provincial decidió postergar hasta el 25 se setiembre los dos llamados a licitación pública para la adquisición de alimentos destinados a programas sociales, valuados en casi 150 millones de pesos.

Motivó la determinación de prorrogar los trámites "la situación planteada en torno a los procesos administrativos y de elaboración de este tipo de productos y a la empresa proveedora de los programas nutricionales", sostiene la breve gacetilla de prensa que emitió el Ministerio de la Familia.

El comunicado permite inferir el fuerte cimbronazo que provocó puertas adentro del Ejecutivo con réplicas que llegaron hasta el propio despacho del mandatario Miguel Saiz, la serie de denuncias que realizó la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, en referencia a supuestas irregularidades presuntamente cometidas por la actual adjudicataria Flavors y Cía SA.

Ayer a la mañana, Piccinini radicó en el Juzgado Federal 1, ante la jueza Mirta Filipuzzi, una nueva presentación penal por la presunta comisión del delito de evasión fiscal agravada contra los directivos y responsables

de la UTE denominada "Flavors y Cía SA UTE". En ese marco, la defensora dijo, mediante un escrito, haber constatado graves irregularidades en la relación de la empresa con los trabajadores que motivaron además la denuncia por la comisión de fraude a la legislación laboral por la vinculación de la firma con la cooperativa de trabajo "Colonia Barraquero Ltda". La evasión fiscal agravada está tipificada por los artículos 2, 8 y consecutivos de la Ley 24.769 y, de comprobarse los hechos, podría tener una pena de cárcel de más de tres años no excarcelables, según confirmó la funcionaria.

En cuanto a esta cooperativa, este medio pudo saber que el 22 de mayo pasado fue sancionada con el retiro de la autorización para funcionar por parte del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

La resolución 806 de ese organismo se fundamentó en que "los asociados en general dijeron desconocer sus derechos como tales, su cobertura de seguridad social, los estatutos o reglamentos". Tampoco se pudieron verificar libros de la entidad, y se corroboró el incumplimiento de la remisión de los ejercicios contables desde 1999 al 2005, entre otras irregularidades.

Frente a estas denuncias, la defensora del Pueblo analiza ahora remitir a la Dirección de Suministros una nota en la que recomendaría suspender a la empresa Flavors como proveedora del Estado.

Ayer, en tanto, Piccinini salió al cruce de la decisión del bloque oficialista de impedirle presentar verbalmente en la Legislatura su informe especial referido a la situación de los Centros de Atención Integral del Niño y el Adolescente -en el que incluiría además la documentación de los alimentos preelaborados. En diálogo con la Agencia ADN calificó de "aberrante" la decisión que fue apoyada por toda la Alianza, el PPR y por los bloques unipersonales de Mario De Rege y Daniel Cortés. Además, en clara alusión al titular del bloque de la Alianza, Daniel Sartor dijo: "Es una pena que haya algún legislador que maneja voluntades, porque lo más terrible que le puede pasar a un hombre es perder la libertad y siento pena por los esclavos y los cautivos y lucho, desde que milito y me intereso de la cosa pública para que no existan". "Quiero suponer que no van a ir a amordazarme de verdad", reflexionó.