En una ocasión, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó de "yuyito" a la soja, lo que fue su forma de decir que se trata de una planta silvestre que crece naturalmente sin que nadie tenga que esforzarse por cultivarla. También parece creer que el agro en su conjunto es un fenómeno natural y que los agricultores son parásitos que se limitan a cambiar por dinero lo producido por las tierras que ocupan. De otro modo, sería difícil entender la actitud oficial hacia el sector. Por cierto, si la presidenta y su marido entendieran que hoy en día el agro es una industria que, además de muchísimo trabajo, requiere para prosperar de inversiones cuantiosas y tecnología moderna costosa, nunca se les habría ocurrido tratarlo como una actividad vergonzosa indigna de un país progresista.

Al inaugurar la 122ª edición de la exposición que organiza la Sociedad Rural Argentina, el presidente de la entidad, Luciano Miguens, acompañado por representantes de las otras organizaciones del campo que conforman la Mesa de Enlace, exigió una vez más al gobierno que formulara un "plan agropecuario", o sea, que superara sus prejuicios ideológicos y se diera el trabajo de pensar en cómo aprovechar mejor lo que es la única industria realmente competitiva del país. Sin embargo, es evidente que el gobierno, obsesionado como está con el conflicto que él mismo provocó, no tiene ninguna intención de hacerlo porque a su entender incluso reconocer la necesidad de contar con una política agropecuaria equivaldría a otra derrota. Huelga decir que la postura así supuesta es totalmente irracional. Es como si el gobierno, indignado por las deficiencias del capitalismo, optara por prescindir de una política económica por suponer que lo obligaría a tomar en cuenta las características de un sistema que no le gusta.

Tuvo razón el chacarero entrerriano Alfredo de Angeli, que también pronunció un breve discurso al inaugurarse la muestra, cuando señaló que "la Argentina se va a recuperar con el campo, nunca sin el campo y menos contra el campo". La noción de que la mejor forma de impulsar el desarrollo socioeconómico del país consistiría en "poner de rodillas" a los responsables de producir el grueso de las divisas procedentes de la exportación, además de dar de comer a sus habitantes, es tan absurda que no vale la pena refutarla. De no haber sido por el aumento de la productividad del campo, posibilitado por las fuertes inversiones y por la incorporación de tecnología nueva en el transcurso de los años noventa, la Argentina no habría disfrutado del crecimiento rápido que los Kirchner tuvieron la buena suerte de aprovechar en términos políticos y, a menos que el gobierno colabore para que la productividad aumente todavía más, el futuro del país y de la mayoría de sus habitantes se verá marcado por la pobreza extrema.

Al gobierno -a cualquier gobierno- le corresponde aprovechar al máximo los recursos materiales y humanos del país para que andando el tiempo todos puedan vivir mejor. ¿Es lo que está haciendo el encabezado por la presidenta Cristina? Claro que no. En vez de procurar estimular la producción agropecuaria que tantos beneficios podría traernos, está resuelta a castigarla con medidas destinadas a frenar su crecimiento en nombre, jura, de la "redistribución del ingreso". Las consecuencias inmediatas de esta política aberrante han sido el empobrecimiento abrupto de muchas zonas del interior y una mayor concentración de la riqueza, o sea, lo contrario de lo que según la presidenta y su marido constituye su objetivo principal. Dijo Miguens que "sólo se requiere un plan agropecuario nacional. Podemos empezar ahora. O esperar al 2011". Está en lo cierto, aunque no necesariamente sea cuestión de un "plan" detallado sino del reconocimiento de la importancia del campo para el país y de la voluntad de impulsar medidas encaminadas a permitirle aprovechar plenamente un contexto internacional que merced a los precios insólitamente elevados que se pagan por sus productos y la probabilidad de que, gracias al progreso económico notable de China y la India, se mantengan más altos que en el pasado reciente es el más favorable para el agro nacional, y por lo tanto para el país, de los últimos cien años.