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	El ex intendente primero deslindó responsabilidades. Después aceptó pagar.

El trabajo en negro afecta a 4,3 millones de personas en Argentina. El peor escenario se vive en el Noroeste, donde casi la mitad de los salarios se pagan por la vía informal. Pero a pesar de tener las estadísticas más "favorables", con un 24% de empleos sin blanquear, la Patagonia no pasa desapercibida en el mapa nacional. Y no es para menos: no en cualquier lugar se encuentra a un diputado nacional obligado a pagar miles de pesos para evitar un juicio por no cumplir con las leyes laborales.

El 2008 no viene bien para Hugo Cuevas. A principios de julio el legislador nacional por la Concertación quedó en el ojo de la tormenta después del sugestivo voto a favor de las retenciones móviles para la soja. Pero las reacciones en contra de su postura no fueron las únicas malas del año. Pocos días antes de la maratónica sesión en la cámara baja, el hombre había terminado de neutralizar con billetes un serio problema "doméstico", que desde el 2007 le traía tantos o más dolores de cabeza que las presiones para que levante la mano a favor del kirchnerismo.

El nudo de ese conflicto estaba dentro de un expediente judicial, en la sede de la Cámara Laboral de Roca. La causa comenzó en junio del año pasado, cuando un joven de 23 años que había sido contratado en abril del 2002 para trabajar en el taller familiar de Cuevas, en Cervantes, se cansó de estar en negro y le reclamó al diputado 66.000 pesos.

Típica reacción ante la adversidad, las fuentes que informaron a este diario relataron que lo primero que hizo el ex intendente fue negar todo. Tanto que incluso respondió una carta documento al abogado Omar Jurgeit asegurando que el taller no era suyo, sino de su hijo.

La estrategia falló, porque un rápido pedido de informes a la AFIP y a la propia municipalidad que él condujo durante 16 años dejaron a la vista que el titular del taller mecánico y de venta de repuestos, ubicado en Roca 458 de Cervantes, es Hugo Oscar Cuevas. El hijo también se llama Hugo, pero su segundo nombre es Daniel. El registro del organismo nacional es detallado y expresa que Cuevas padre se dedica a "venta al pormenor de partes, piezas y accesorios".

Sin muchas opciones, el diputado propuso negociar una salida decorosa. Así fue que el 31 de marzo pasado se firmó en Roca el acuerdo que le evitaría recorrer el riesgoso camino de un juicio laboral.

Cuevas y su hijo, también demandado, aceptaron pagarle al ex vendedor 33.000 pesos, la mitad de la suma inicial exigida.

El acta de homologación del acuerdo, que puede leerse en la página web oficial del Poder Judicial, establece que "los demandados abonarán al actor -sin que ello signifique reconocimiento alguno de hechos y derechos y al solo efecto de poner fin a esta contienda judicial- mediante depósito en autos, la suma total de $ 33.000, por la totalidad de los conceptos reclamados, pagaderos en tres cuotas, iguales, mensuales y consecutivas de $11.000".

La primera obligación venció el 7 de abril, la segunda el 14 de mayo y la tercera el 16 de junio.

De la lectura del acta también emergen otros detalles particulares. El más llamativo es el que revela que tantos años como intendente y diputado parecen no haberle aportado a Cuevas la confianza en ningún abogado allegado al radicalismo, porque para terminar con sus preocupaciones contrató los servicios del peronista Rodolfo Ponce de León.

(Redacción Central)