VIEDMA (AV).- Los espacios de internación hospitalaria en pacientes de salud mental se convirtieron en materia de debate en la provincia de Río Negro.

Se piensa en más fondos destinados a disponer sectores especiales y si la responsabilidad de casos punibles debe recaer en equipos hospitalarios o bien judiciales.

El objetivo de las discusiones oficiales es otorgarle mayor operatividad a la norma que regula este tipo de servicio de atención médica pública.

El intercambio de criterios tuvo lugar en el seno de una Comisión Interpoderes que debe seguir los pasos establecidos mediante la Ley provincial N° 2.440, también llamada de "desmanicomialización".

La reunión fue presidida por la legisladora Marta Milesi (UCR) con la participación de sus pares Silvia Horne (FPV) y Marta Ramidán (FD); entre otras.

También expusieron la coordinadora provincial del área en el Ministerio de Salud, Diana Jerez Bordereaux y el juez correccional Juan Bernardi.

Luego del encuentro, Milesi reveló que se llevó a cabo un profundo análisis sobre las "trabas operativas" que presenta la norma.

Los inconvenientes están relacionados con que se necesitan generar nuevos espacios de internación de pacientes para evitar asignarlos a una sala común hospitalaria.Frente a ello, se le solicitó a la representante ministerial un relevamiento de la demanda en infraestructura sanitaria.

Otra de las cuestiones es establecer fehacientemente las responsabilidades en el seguimiento de casos judiciales ante el actual vacío que se produce, de acuerdo a los diagnósticos elaborados por los asistentes al encuentro.

Milesi admitió que existen sitios de asignación penal tanto en General Roca como Bariloche, hay centros de reinserción diurno como las casas llamada "Medio Camino"; pero aún así planteó "necesitamos precisiones" sobre el funcionamiento.

Otra asignatura pendiente, a su criterio, es un mejor vínculo comunitario poniendo como ejemplo que en más de una oportunidad los brotes psicóticos generan un "miedo a lo desconocido, y ese estado de una persona genera rechazo". Insistió en que se necesita un apertura trabajando "más estrechamente con organizaciones no gubernamentales (ongs), actores de la comunidad y familiares de pacientes".

Por su parte, Horne opinó que se requiere un trabajo a conciencia en virtud de que el texto de la ley "es muy bueno"; sin embargo su aplicación "deja mucho que desear".

Agregó en ese sentido que se requiere de "voluntad política" para asignar los recursos que exige la norma.