VIEDMA (AV).- Río Negro llegó tarde al debate del pago del 82 por ciento para sus pasivos y el gobierno provincial quedó empantanado con su proyecto del beneficio exclusivo para los jueces.

Mendoza y Catamarca -dos de las diez provincias con cajas cedidas a Anses- reconocen el 82 por ciento móvil para sus jubilados. Ambas cumplen con ese beneficio -parcial o totalmente- con recursos propios. Su implementación representa subas promedios del 30 por ciento en los haberes de jubilados, que -entre 1995 y 1996- fueron transferidos al Anses.

A fines de junio, el gobernador Miguel Saiz transparentó esta discusión jubilatoria cuando remitió a la Legislatura el acuerdo con Nación que establece ese beneficio para jueces y funcionarios de la Justicia. Este convenio se encuadra en la ley nacional 24.018 que ya reconoce el 82 por ciento a los magistrados nacionales y federales. Saiz firmó esta adhesión el año pasado pero su ratificación se complica por el rechazo generalizado en la Legislatura.

Ahora, frente a la solicitud del beneficio general, el Poder Ejecutivo reacciona con dos argumentos.

El punto remunerativo consigna que el 82 por ciento para los pasivos rionegrinos está compensando con la bonificación de la zona austral, que es del 40 por ciento (ver recuadro).

La explicación legal recuerda que Río Negro no puede legislar en materia previsional después del traspaso de la Caja jubilatoria.

Afloran obstáculos en Río Negro para imponer ese régimen jubilatorio para la Justicia. Tampoco Tucumán y Mendoza lograron aplicarlo cuando llevan más de dos años con los convenios firmados con Nación.

El Estado tucumano habilitó un crédito público para facilitar que los magistrados abonen a Nación obligaciones originadas por diferencias de aportes jubilatorios. En Mendoza se reconoce que se cumplirá recién desde el año próximo porque la Justicia requirió que Anses garantice la aplicación del régimen, sin tope en el haber provisional.

Recientemente, San Juan -otra provincia con el debate planteado- acordó con Anses igual trato para sus jueces, pero resta toda la formalidad.

Esos trámites que Río Negro había cumplido -casi sin inconvenientes- hasta que llegó al tratamiento a la Legislatura.

Incluso, el Superior Tribunal de Justicia -que preside Alberto Balladini- resolvió el necesario financiamiento y preacordó un plan de créditos con el Banco Patagonia para jueces que pidan mayores plazos para cancelar obligaciones ante la AFIP.

Aquellas originadas al modificar el régimen jubilatorio (más porcentaje de aportes y su aplicación en la totalidad de los haberes en actividad, actualmente tienen topes en las retenciones).

El escenario nacional y provincial se modificó mientras la Justicia concluía con sus trámites administrativos y financieros para su implementación. Esa situación explica por qué el Poder Ejecutivo remitió un año después a la Legislatura para su ratificación el convenio jubilatorio que Saiz firmó el 15 de junio del año pasado con el presidente Néstor Kirchner.

En la actualidad, ni el bloque oficialista se animó a la defensa plena del proyecto del Ejecutivo y, rápidamente, el tratamiento quedó estancado.

Esta semana se abrirá una ronda de consultas, con la participación del secretario de la Función Pública, Carlos Oliva, el funcionario que representó al Ejecutivo en la negociación de Río Negro con Anses y AFIP para la aplicación del nuevo esquema jubilatorio para la Justicia.