NEUQUÉN (AN).- En una instancia decisiva en las negociaciones que lleva adelante el gobernador Jorge Sapag con las empresas que pretenden extender las concesiones para la explotación de áreas hidrocarburíferas, la Legislatura aprobó una ley que implica mayores controles en materia medioambiental de parte del Estado.

La Subsecretaría de Medio Ambiente se encargará de otorgar, anual

mente, un certificado de aptitud ambiental para la actividad y los controles estarán a cargo de la provincia, salvo en

los casos de los municipios de primera categoría que adhieran a la norma. Los municipios podrán no sólo realizar las inspecciones, sino también cobrar la "tasa anual ambiental", creada para poder sostener los controles en el tiempo y según rigurosos parámetros de calidad.

La iniciativa fue aprobada por ley en la última sesión de la Legislatura y fue elaborada por el diputado aliado al MPN, Daniel Baum, que pertenece a Servicio y Comunidad y trabaja en el interbloque de justicialistas no kirchneristas, "Peronismo Federal". El proyecto fue analizado en la comisión de medio ambiente por más de tres meses y llegó al recinto el miércoles pasado, donde fue aprobado. Ahora, el Poder Ejecutivo tiene 180 días para reglamentar la norma para, por ejemplo, determinar qué ocurrirá con las empresas que no logren la certificación.

La ley transfiere a las municipalidades con mayor estructura, las de primera categoría, "el control, supervisión e inspección", aunque la encargada de extender el certificado será en todos los casos la subsecretaría de Medio Ambiente del ministerio conducido por Guillermo Coco. Las comunas extenderán una constancia del control ambiental efectuado para que las empresas se presenten ante la autoridad de aplicación. Pero la intervención municipal prevé el ingreso de recursos, ya que quienes efectúen los controles cobrarán una tasa para las inspecciones.