VIEDMA (AV)- Funcionarios de organismos de control y legisladores opositores coincidieron en reclamar la suspensión de las licitaciones para contratar la provisión de alimentos preelaborados, por un costo total que rozará los 150 millones de pesos.

En la recomendación coincidieron los diputados del Frente Democrático Beatriz Manso, Fabián Gatti y Martha Ramidán, el fiscal de investigaciones Administrativas, Pablo Berraz y la defensora del Pueblo, Ana Piccinini. Todos reclaman la postergación de la apertura de sobres hasta tanto se avance en la investigación de la denuncia penal que Piccinini radicó el miércoles ante el juez Pedro Funes, cuando advirtió la presencia de productos con gorgojos y alimañas, además de presuntas irregularidades en la contratación del personal de la planta ubicada en General Conesa.

El proyecto de comunicación de los legisladores opositores -remitido al Ejecutivo- considera "de vital importancia la suspensión de las licitaciones para los servicios que actualmente presta la empresa Flavors S.A, en torno de ilícitos que se habrían constatado en la producción de alimentos y en virtud de resguardar la salud de aquellos rionegrinos".

Por su parte, Berraz abrió un expediente para investigar un posible perjuicio patrimonial del erario rionegrino y requerirá datos a la Dirección

General de Suministros, acerca de las dos licitaciones previstas para el 13 de agosto, destinadas a la adquisición de alimentos para el plan Comer en Familia, comedores y otros ámbitos sociales, por casi 150 millones de pesos. Una vez analizada la situación, Berraz podría determinar alguna medida en referencia a ambos procesos.

Piccinini, en tanto, en el mismo texto de su denuncia penal solicita la suspensión de las millonarias licitaciones.

Por otro lado, la petición de la defensora de presentar un informe in voce en la Legislatura acerca de la situación de los menores bajo custodia del Estado y al que incorporaría esta polémica por los alimentos, dividió aguas en el parlamento rionegrino.

El presidente de la Legislatura, Bautista Mendioroz, reconoció que el pedido será tratado en la reunión del miércoles de Labor Parlamentaria. "La decisión es de Labor Parlamentaria y no tengo relevado oficialmente la opinión de cada bloque", explicó.

-¿El informe será in voce o por escrito? -consultó "Río Negro".

"No lo defino yo. El texto 'elevar' orienta a que debe ser escrito, pero la interpretación de la Legislatura debe ser lo menos restrictiva posible cuando se trata de informar a los legisladores y la sociedad, máxime cuando la defensora dice en su nota que se trata de una situación de 'extrema gravedad'. Puede ser por escrito y, después, concurrir. La Defensora tiene el derecho de un informe anual y otros especiales, y este derecho también le asiste al ministro (Alfredo Pega) que ya se mostró dispuesto a concurrir a la Legislatura para explicar la situación", respondió Mendioroz.