El acuerdo con la comunidad Vera por las tierras de cerro Chapelco fue histórico. Pero cuando el gobierno se disponía al descorche, las otras familias mapuches al pie del complejo de esquí, los Curruhuinca, pegaron un portazo. O casi, porque nada está dicho. Es de gente sana ponerse del lado del más débil, que reclama justicia. En este caso, uno podría ceder a la tentación de enrostrarle al gobierno provincial actual, el típico desprecio de su antecesor por la causa mapuche. Pero, aun cuando cueste decirlo por cierto falso pudor, la culpa no siempre es de los gobiernos.

Es que si ha habido un rehén en este embrollo, ha sido el gobierno. Heredó negociaciones y se vio empujado a andar con pie de plomo entre las disputas internas de los mapuches.

La administración de Jorge Sapag propuso un arreglo sobre la entrega del título del lote 69 A a la comunidad Vera: escritura del terreno que ocupa la base de Chapelco, desafectación de predios privados, pago de canon. De eso hace meses y los Vera ya eran permeables al acuerdo. Pero las cosas se desmadraron cuando la comunidad Curruhuinca exigió la propiedad compartida del lote que históricamente venían reclamando los Vera.

En efecto, hasta el cambio de conducción, se asumía a los Curruhuinca con irrefutable derecho sobre una franja lindante con los Vera, pero desde hace un par de meses sorprendieron con más: propiedad compartida de un único territorio indivisible, el lote 69 A. La movida les colocaba sobre la base del cerro, algo que era potestad de los Vera y su principal argumento de negociación. Los Vera rechazaron de plano la actitud de sus pares y vecinos.

El caso es que una disputa de evidente carácter interno entre las comunidades, terminó de estallarle al gobierno, pues ambas agrupaciones tenían, curiosamente, acuerdo en un punto: el entredicho debía ser saldado por Sapag y sus ministros.

Con los Vera de protesta en el cerro y el municipio metido a evitar el naufragio de la temporada y el enfrentamiento entre familias, el gobierno optó por resolver con la documentación disponible. Dio la razón a los Vera sobre el lote 69 A, y les pagará un canon inicial de 70.000 dólares y otro anual de 50.000, por los próximos 30 años.

A los Curruhuinca les ofreció un arreglo similar, pero por 134 hectáreas que forman parte del lote 69 A y el mismo doble pago. Debe decirse que el canon igual al ofrecido a los Vera es una evidente concesión a los Curruhuinca, ya que la lógica indica que si sus tierras no ocupan la base ni las telesillas, no deberían recibir el mismo resarcimiento por su uso comercial. Como fuere, el gobierno ha intentado resolver los tironeos entre los propios mapuches, pero no acaba de cuajar un acuerdo definitivo.

Es de esperar que no se termine por tomar también de rehén a toda la comunidad de San Martín, con medidas de fuerza surgidas de diferencias intestinas que, hasta aquí, los mapuches no han querido o no han sabido resolver.

FERNANDO BRAVO

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