El ministro de Justicia de Buenos Aires, Ricardo Casal adelantó ayer que "se ha relevado a la persona del Servicio Penitenciario que tenía la función técnica" de seguimiento de aquellos que tienen pulseras magnéticas, tras comprobarse que Ángel Fernández Rosales, uno de los imputados por el cuádruple crimen de Campana, se la había quitado.

Además, informó que "se ordenó la revisión física de las 300 personas detenidas con pulsera", procedimiento que se realizará durante este fin de semana.

"En el caso (de Fernández) la información en un primer momento fue que la pulsera había registrado solamente dos movimientos, uno que fue el traslado a un juzgado, y la otra un intento de fuga del detenido. Sin embargo, a las 23 de ayer (por el viernes) descubrimos que el último 24 de julio hubo una falta de contacto, se salió de la piel la pulsera y eso no fue informado por el responsable técnico", indicó el funcionario.

En diálogo con el canal televisivo Todo Noticias (TN), Casal afirmó que el gobierno provincial "no está de acuerdo con el arresto domiciliario de personas que hayan cometido delitos graves".

Respecto de la pulsera magnética explicó que este "sistema es en cuestiones puramente humanitarias, como mujeres embarazadas con niños en causas que no son graves y en ancianos y enfermos terminales, lo que amerita el arresto domiciliario. Una persona con una condena de violación seguida de homicidio que goce de arresto domiciliario es muy criticable. Tiene que estar dirigido a otro tipo de personas", opinó Casal.