Una consecuencia de la "corrección política" que está de moda desde hace un par de décadas ha sido la negativa rotunda de las elites europeas a prestar atención a los factores culturales al formular una nueva política inmigratoria. He aquí la razón básica por la que las medidas restrictivas tomadas por los gobiernos de países como Italia y España están causando tanta indignación en América Latina. Puesto que buena parte de la población del hemisferio occidental es, por lo menos en parte, de origen europeo y nuestra cultura es inseparable de la de Europa, es lógico que los esfuerzos por obstaculizar la entrada de latinoamericanos y, lo que es aún más denigrante, expulsar o, en el caso de que tengan todos los papeles en regla, pagar para que regresen a su lugar natal hayan provocado una reacción emotiva adversa que está incidiendo en la relación bilateral.

Que la inmigración masiva de los años últimos ha planteado un problema muy grave a Europa es evidente. Se han formado grandes comunidades, muchos de cuyos integrantes no tienen ningún interés en adaptarse al estilo de vida de sus anfitriones, en casi todos los países de la Unión Europea, algunos de los cuales han sido víctimas de atentados terroristas brutales perpetrados por quienes no ocultan su voluntad de destruir sus instituciones para reemplazarlas por versiones de las vigentes en distintas regiones del Tercer Mundo. Asimismo, la tasa de desempleo en tales "minorías" suele ser dos o tres veces más alta que la del promedio. Sin embargo, estos problemas no tienen nada que ver con los inmigrantes latinoamericanos que con escasas excepciones se integran casi inmediatamente, puesto que provienen de una cultura muy similar. Por lo demás, es claro que Europa necesita a los inmigrantes porque en todos los países, pero especialmente en Italia y España, es tan baja la tasa de natalidad que bien antes de terminar el siglo actual quedarían despoblados sin el aporte de otras partes del mundo.

Así las cosas, lo más razonable sería que los líderes de la Unión Europea hicieran más fácil la inmigración de latinoamericanos y limitaran la de los oriundos de países de culturas que les son radicalmente ajenas y en que los sistemas educativos son muy inferiores a los de la Argentina y el resto de la región. Pero, desafortunadamente tanto para ellos como para nosotros, no quieren discriminar en base a diferencias culturales -las que, huelga decirlo, no están relacionadas con características étnicas- por temor a ser acusados de racismo, aunque se trata del factor más importante cuando es cuestión de la eventual integración del inmigrante a la sociedad de la que aspira a formar parte.

Voceros del gobierno del español José Luis Rodríguez Zapatero dieron a entender hace poco que en adelante su política hacia los inmigrantes latinoamericanos ilegales será mucho menos flexible que antes porque así lo exige la Unión Europea y porque debido a una crisis económica la tasa de desempleo ya supera el diez por ciento, con la construcción, en la que trabaja el grueso de los recién venidos, entre los sectores más golpeados. Es de prever, pues, que en los meses próximos se multipliquen los casos de argentinos y otros latinoamericanos maltratados por las autoridades, lo que no contribuirá en absoluto a mejorar la relación entre la "madre patria" y los países de Iberoamérica. Aún más alarmante, si cabe, es la actitud asumida por el gobierno del otro país con el cual nuestros vínculos son íntimos, Italia, donde acaba de declararse un estado de emergencia para frenar el ingreso de extracomunitarios. Aunque Italia no corre riesgo de verse inundada de inmigrantes latinoamericanos, sorprendería que ninguno resulte atrapado en las redadas que con toda seguridad se efectuarán. Es por lo tanto probable que gracias a las políticas inmigratorias italiana y española se produzcan tensiones que algunos gobiernos latinoamericanos, comenzando con el nuestro, intentarán aprovechar en las disputas sobre asuntos como el comercio, la estatización de empresas antes de propiedad mayormente española como Aerolíneas Argentinas y, desde luego, los derechos de aquellos bonistas que se rehusaron a participar del canje draconiano que fue decretado por el en aquel entonces presidente Néstor Kirchner.