CIPOLLETTI (AC).- "Se necesitan señales muy claras", enfatizó uno de los interventores en la UCR rionegrina, Juan Manuel Moure, para explicar cómo deberían actuar los radicales rionegrinos que exploraron la Concertación con el kirchnerismo y ahora hablan de un regreso a las fuentes.
Los interventores Moure y Juan Octavio Gauna estuvieron el viernes, por la mañana en Roca y después del mediodía en Cipolletti reunidos con radicales "puros", todos "anti-K" y que reniegan de la Concertación. La mesa cabecera la compartieron con Juan Correa.
En Cipolletti el encuentro se realizó en el salón del Personal Jerárquico de Agua y Energía, ante unas cien personas, entre ellas Fernando Chironi, Francisco Bezich, Marcelo Fernández, Rolando Demiz y representantes del Alto Valle y de otros puntos rionegrino.
Gauna reiteró allí las "irregularidades" que hallaron en el partido en esta provincia, incluso de tipo económico, porque no se los dejó acceder al aporte de Nación por los votos logrados en las últimas compulsas electorales. Además describió las "presiones" que soportaron incluyendo la "toma" del Comité provincial por parte de la JR.
También hubo críticas al gobernador Miguel Saiz y al propio Pablo Verani, sobre quien los interventores tienen mandato de dar un trato "diferencial" después de su voto en el Senado contra el proyecto oficialista por las retenciones al agro. Allí fue cuando Moure insistió en la necesidad de "señales muy claras" de parte del ex gobernador.
Luego de un panorama global de situación, Gauna anunció la integración de la junta electoral provincial para las elecciones internas que, según su correligionario Moure, serían en principio en marzo del 2009. Integran esa junta Bezich, Roberto De Bariazarra y Martín Pérez Morando.
Allí se ratificó que la intervención resultó extendida hasta el 30 de abril del año entrante.
Gauna fue categórico en el tema doctrinario. "Los kirchneristas se tendrán que ir a otro partido".
Dijo que se abrirá un proceso nuevo de afiliaciones, que no se hará una "depuración" porque eso demandaría trámites engorrosos, que se trabajará con los tribunales de disciplina para evaluar conductas y actuar en consecuencia y que se haría una "limpieza" del padrón para actualizarlo, supuestamente dejando afuera a los que se han ido yendo a otras fuerzas.
