SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El municipio inició negociaciones con tres propietarios de grandes extensiones que podrían aportar unas 160 hectáreas para viviendas sociales bajo distintas operatorias que incluirían la adquisición por parte del municipio.

Las gestiones más avanzadas son las entabladas con la sucesión Lera, propietaria de unas 35 has en la ruta de Circunvalación que estarían fuera de las limitaciones urbanísticas impuestas por la Carta Orgánica Municipal.

Dentro de esa extensión se encuentra la parcela de 4 hectáreas que eligieron las cooperativas conformadas por los ex ocupantes de las 120 Viviendas del IPPV. El gobierno mantiene una cautelosa reserva sobre la localización de las demás extensiones evaluadas y los términos de las conversaciones mantenidas hasta la fecha para evitar que se conviertan en un "botín inmobiliario".

En diálogo con "Río Negro" el intendente Marcelo Cascón enfatizó que "recién estamos empezando, avanzamos en identificar a los propietarios de grandes extensiones de tierras e iniciando conversaciones con cada uno de ellos".

La lista elaborada por el Ejecutivo incluye, demás de los Lera, al abogado José Martínez Pérez con unas 30 hectáreas dentro del ejido, y al inversor inmobiliario Alejandro Milhas con más de 100. "Lo de Milhas es muy importante y hay alguien más en vista" admitió el mandatario que, no obstante, mantuvo en resguardo los demás nombres en estudio.

"Estamos viendo hasta donde cada uno (de los propietarios) pone en disponibilidad las tierras y luego veremos que medidas puede tomar el estado" explicó.

El ritmo de las negociaciones desplegadas por le municipio generó alguna inquietud entre las cooperativas conformadas por los ex-ocupantes que dependen de la obtención de la tierra para consolidar el financiamiento comprometido por el gobierno nacional.

La Nación solventará la construcción de las viviendas, a razón de $ 75.000 por unidad, pero el aporte quedó supeditado a la adquisición de las tierras y el desarrollo del proyecto urbanístico.

El aporte, que será reintegrado en cuotas por las familias, sería administrado por la provincia e incluye los materiales para la construcción y el asesoramiento técnico.

Las negociaciones iniciadas con los representantes de la sucesión Lera no tienen una operatoria definida todavía. En el caso de las 4 hectáreas el municipio oficiaría de intermediario y garante de las familias, mientras que el resto de la extensión se gestionaría de otra manera.

"Todavía no está definida la negociación con los Lera, en primer lugar estamos viendo cual es la situación de las tierras y la posibilidad de urbanización que tienen para avanzar en la discusión económica" puntualizó el intendente Cascón que no destacó la posibilidad de compra por parte del municipio.

El mandatario señaló que la adquisición de la tierras para los ex-ocupantes "está sujeta a la negociación general" porque "el planteo no es individual, estamos hablando de la problemática de la ciudad" dijo.