Para el ex presidente Néstor Kirchner y su mujer, dinero es poder y nunca han vacilado en poner las cuentas nacionales al servicio de sus propias aspiraciones políticas. Luego de haber en efecto modificado, retenciones mediante, el sistema recaudatorio para que fondos que en buena lógica deberían permanecer en las provincias ingresen en "la caja" que ellos mismos manejan, los usan para disciplinar a los gobernadores, privilegiando a sus propios partidarios y castigando sin remordimiento a quienes se niegan a rendirles pleitesía. Mientras el matrimonio disfrutó de la aprobación de la mayoría y la economía pareció destinada a continuar creciendo por muchos años más a tasas chinas, el esquema cuasi mafioso así supuesto no fue blanco de demasiadas críticas, aparte de las formuladas por algunos especialistas en la materia, y desde el punto de vista de los Kirchner funcionó decididamente bien. Además de los gobernadores provinciales peronistas que se proclamaron plenamente consustanciados con el "proyecto" oficial, los Kirchner lograron el apoyo formal de varios radicales y representantes de otras agrupaciones presuntamente opositoras que, conscientes de que no les sería nada fácil mantener contentos a los estatales locales sin contar con dinero procedente de las arcas del Poder Ejecutivo nacional, para indignación de sus correligionarios optaron por sumarse a las huestes kirchneristas. Por su parte, los mandatarios de provincias víctimas de la discriminación oficial como San Luis entendieron que sería un error muy grave depender de la "generosidad" de los Kirchner. Si bien en ocasiones algunas se han visto en graves dificultades, han conseguido sobrevivir al boicot y San Luis se ha acostumbrado a vivir de lo suyo.

Córdoba, en cambio, ya está pagando un precio muy alto por la decisión del gobernador Juan Schiaretti de oponerse a las retenciones móviles y por la del ex gobernador José Manuel de la Sota de criticar con vehemencia la gestión del matrimonio Kirchner sin haberse preparado antes para hacer frente a una ofensiva financiera y política impulsada por la Casa Rosada. Con sus pedidos de auxilio rechazados, Schiaretti tuvo que poner en marcha un ajuste muy duro que en seguida dio pie a protestas callejeras violentas. Otra provincia que se ha visto afectada por disturbios es Santa Fe, ya que la aprobación por el Concejo Deliberante de Rosario de un aumento del boleto del transporte urbano fue seguida por una batalla campal protagonizada por izquierdistas y kirchneristas. Sin embargo, siempre y cuando el gobernador Hermes Binner consiga apaciguar a los Kirchner, su provincia tendrá una posibilidad de ver los más de mil millones de pesos que le adeuda la Nación.

Aunque el gobierno tomó el conflicto con el campo por una pelea por dinero entre un sector económico a su juicio injustamente próspero y el resto del país, otros lo vieron como un enfrentamiento entre un gobierno de mentalidad unitaria y el interior. Al embestir contra Córdoba y hacer entender que -a menos que Binner deje de causarles problemas- Santa Fe podría sufrir el mismo trato, los Kirchner han dado un nuevo impulso al debate todavía incipiente en torno de la relación de las provincias y el poder central. Es claramente necesario un nuevo régimen de coparticipación federal que asegure que el dinero público sea repartido según criterios que no tengan nada que ver con las ambiciones políticas de la persona a cargo del Poder Ejecutivo nacional. Como los Kirchner acaban de recordarnos, el sistema actual es intrínsecamente tan perverso que, de quererlo, un presidente inescrupuloso puede depauperar a algunas provincias y enriquecer a otras por motivos que son inadmisibles en una república en la que se respetan tanto la ley como los principios de equidad en que se basa. Puesto que Córdoba y Santa Fe distan de ser las únicas provincias en las que los gobiernos se ven ante problemas de caja y son muchos los gobernadores que saben que una excesiva proximidad a los Kirchner podría obligarlos a pagar un costo político abultado, es de prever que sigan intensificándose las presiones en favor del federalismo y contra el centralismo a todas luces exagerado promovido por un gobierno autoritario proclive a tratar a las provincias como si fueran meras satrapías.