VIEDMA (AV)- El juez Pedro Funes allanó ayer las instalaciones de Flavors y Cía SA, la firma que provee al Estado rionegrino de alimentos preelaborados y que el miércoles fue denunciada penalmente por la defensora del Pueblo, Ana Piccinini.

El magistrado secuestró mercadería que será sometida a análisis exhaustivos, recorrió la fábrica y tomó algunos testimonios de trabajadores y autoridades de la planta.

El perito que convocó la Justicia para colaborar con la investigación fue el licenciado en Bioquímica, Ezequiel Itzcov, quien luego del procedimiento informó a este medio que la diligencia involucró todas las dependencias de la planta y se pudo verificar que las condiciones en las que se encontraron ayer son aceptables para la manipulación de los alimentos.

Desde el mediodía y durante dos horas y media, el juez y su equipo inspeccionaron el lugar y se tomaron muestras para futuros análisis que permitan confirmar o descartar las acusaciones de Piccinini. La defensora aseguró que, sobre la base de testimonios de ex trabajadores y material fílmico aportado a la causa, en la fábrica se utilizarían productos que contendrían gorgojos, gusanos y otras plagas potencialmente nocivas para la salud.

Itzcov relató que realizaron la misma recorrida que el día anterior desarrolló este medio, aparentemente con similares resultados. Fueron guiados también por el ingeniero Luis Rastrilla, gerente de planta, quien les hizo conocer los vestuarios, el comedor y la parte destinada al personal, para luego pasar a la planta de procesamiento.

Itzcov describió que allí se encontraron con un galpón diferenciado para el acopio de la materia prima y luego una mesa en la que se procede al control de calidad de esa mercadería. En ese sitio es donde se habría filmado el video que permite constatar la presencia de gorgojos en algunos de los productos que se usan como base para la elaboración de los alimentos que luego se distribuyen en las escuelas y en los módulos del plan Comer en Familia.

En otra sala se separan y pesan los productos que luego serán mezclados, en otro sector. Luego el alimento pasa al embolsado, envasado y se transporta hasta el depósito donde queda a la espera de su envío al destino fijado.

El perito consideró, de manera preliminar, que aparentemente la planta estaría funcionando acorde a las normas actuales. Manifestó haberse sorprendido por la enorme cantidad de materia prima acopiada y, a primera vista, no se encontró mercadería vencida ni alterada.

El juez ordenó el secuestro de algunas muestras tanto de materia prima como de módulos completos y también se requirió documentación de exámenes anteriores realizados en el proceso productivo. "En esta visita tenemos una visión general que nos permitiría asegurar que la planta está en perfectas condiciones", dijo Itzcov.

Quien respondió a las acusaciones de Piccinini fue el ministro de Familia, Alfredo Pega. "Tomamos todos los recaudos. No se paga una sola factura sin los controles bromatológicos exigidos", aseguró al ser consultado sobre el tema. Dijo que estos alimentos no sólo son sometidos a los controles del área de Bromatología de Salud sino también los que realizan los operadores de cada una de las localidades. "No nos consta que existan irregularidades y creo que es un ámbito en el que debe responder la empresa", sostuvo.

Aclaró además que ningún programa provincial supera el 25% de los preelaborados.

Tras confirmar que esta es la única empresa que provee alimentos preelaborados a la provincia, Pega agregó que esta prestación se encuentra en un proceso de licitación, llamado que será abierto en pocos días.

Piccinini, en tanto, presentó ante la Legislatura, la petición de realizar un informe excepcional en el que se explayará sobre los problemas detectados en cuanto a la custodia de niños y adolescentes por parte del Estado y en el que incluirá con seguridad una mención destacada a esta nueva denuncia que ahora investiga la Justicia.