NEUQUÉN (AN).- Para los ceramistas los plazos de acotan: ayer, a menos de tres meses de que la Justicia determine qué hacer con la fábrica, y con la preocupación por un posible remate y desalojo que podría descartarse mediante un acuerdo anterior, salieron a la calle y en la Gobernación plantearon su rechazo a la posibilidad de que el gobierno compre los créditos privilegiados de la ceramiquera.

Por el contrario volvieron a reclamar que la Legislatura trate el proyecto de expropiación que nunca obtuvo el consenso necesario para tratarse, algo que le expresaron ayer al ministro de Gobierno, Jorge Tobares, que los recibió.

La marcha nucleó a cerca de 300 obreros de la fábrica, en una actividad parte de la campaña que lanzaron con más fuerza durante los últimos dos meses para subrayar la influencia social que ha cobrado la fábrica desde que está en manos de los obreros, estrategia que busca obtener el respaldo de toda la comunidad.

Durante las últimas horas salieron al cruce de una posibilidad que les preocupa: sostienen que la provincia está analizando, en el contexto del concurso de acreedores, la compra de los créditos privilegiados del Banco Mundial y de una acreedora italiana, SACMI.

Además de rechazar la operación, porque dicen que implicaría legitimar una deuda "fraudulenta" (dicen que de los fondos, salvo alguna maquinaria, no hay rastro en inversiones dentro de la fábrica), sostienen que eso no impediría que el concurso siguiera su tránsito hasta desencadenar la posibilidad de un remate.

Es más, ayer, el secretario general del Sindicato Ceramista, Alejandro López, reiteró que "se abriría la puerta para que otros acreedores pudieran hacer demandas contra la provincia" por optar sólo por pagar BM y la firma italiana.

López reiteró que el 20 de octubre próximo vence el plazo para que Fasinpat, la cooperativa de los obreros, siga al frente de la Cerámica, en la que hay más de 400 trabajadores desempeñándose.

Reclamó asimismo una salida idéntica a la conseguida por obreros de fábricas en otras provincias: la expropiación por vía legislativa, como forma de garantizar los puestos de trabajo.