CHOS MALAL (ACHM).-Trabajadores judiciales e integrantes de la conducción de Sejun cuestionaron la postulación de la jueza Graciela Beatriz Rossi para el cargo de juez de cámara en Junín de los Andes porque -sostienen- se le han iniciado varios sumarios por "la repugnante práctica de acoso y violencia laboral" en perjuicio de empleados, secretarios y prosecretarios que desempeñaron funciones en el juzgado a su cargo.

Se refirieron además a Gustavo Olivera, integrante del Consejo de la Magistratura que -indicaron- repudia las denuncia contra Rossi, "a las víctimas de su accionar y descalifica las actuaciones sumariales que se le siguen en un claro apoyo a su candidatura para camarista intentando limpiarla de antecedentes que obturan su tránsito hacia la Cámara".

En una nota dirigida a Eduardo Cía, presidente del Consejo de la Magistratura, los judiciales ponen de manifiesto su preocupación ante la postulación. Indican que la misma "ha merecido por su accionar disvalioso que se hayan iniciado varios sumarios administrativos en su contra; uno de ellos por denuncia del Sejun y los trabajadores judiciales de Chos Malal" por "acoso y violencia laboral" del que habrían resultado damnificados empleados, secretarios y prosecretarios.

Pero además sostienen que hay otras "investigaciones en función de procederes y conductas presuntamente anómalas de la nombrada que afectaron el buen funcionamiento del tribunal a su cargo". Sostuvieron que "todas y cada unas de las circunstancias y probanzas que acreditan la práctica repudiable de acoso y violencia laboral, por parte de Rossi" están acreditadas con certificados "psicológicos y psiquiatras, algunos del propio Poder Judicial, que aseveran cuadros de 'mobbing', generados por la conducta sistemática de acoso y violencia por parte de la magistrada". Le recordaron al presidente del Consejo de la Magistratura que las denuncias e investigaciones que pesan sobre la jueza Rossi están acumuladas en un expediente que tramita por ante la Auditoría General del Poder Judicial.

En el relato de los hechos que se mencionan, los trabajadores sostienen que a fines del 2007, la juez Rossi "remitió cartas documentos de carácter intimidatorio contra las víctimas de su accionar que iban a prestar declaración testimonial en el sumario".