Cuando de aprovechar las calamidades que ellos mismos provocan se trata, los peronistas son maestros consumados. En cuanto las dificultades asoman en el horizonte, el movimiento se desdobla, como en efecto hizo durante el conflicto con el campo al elegir algunos referentes respaldar a los ruralistas. Lejos de perjudicarlos, las divisiones internas que son tan características del peronismo suelen resultarles beneficiosas, al permitir a los precavidos alejarse con rapidez de un gobierno propio en apuros para entonces reagruparse en torno de un ex oficialista transformado en líder opositor.

Y en efecto, ningún adversario de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha sido más mordaz que José Manuel de la Sota. Según el peronista cordobés que en el 2003 fue sustituido por Néstor Kirchner como candidato oficialista por el en aquel entonces presidente interino Eduardo Duhalde porque las encuestas de opinión no lo favorecían, el gobierno actual está llevando el movimiento en el que milita hacia un desastre que podría significar su virtual extinción. Es probable que haya exagerado De la Sota cuando prevé para el peronismo un destino parecido al que le tocó al radicalismo luego de la debacle que protagonizó el gobierno de Fernando de la Rúa: aunque en otras partes del mundo el fracaso de un gobierno podría ser suficiente como para hundir al partido responsable de formarlo, en la Argentina las reglas son diferentes. No está escrito que, de extinguirse el kirchnerismo, el PJ lo acompañará a la tumba, ya que a los rivales internos de los Kirchner les sería sencillo reemplazar la facción que encabezan por otra igualmente peronista, pero de ideas y actitudes al parecer muy distintas. Es lo que hicieron cuando se opacó la estrella de Carlos Menem; parecería que están preparándose para repetir aquella maniobra tan exitosa.

Aunque el conflicto con el campo podría reanudarse en cualquier momento, por ahora la lucha entre el gobierno kirchnerista y los deseosos de destituirlo por el bien del movimiento tiene su epicentro en la provincia de Córdoba. Conforme a los peronistas cordobeses, el gobierno nacional está resuelto a asfixiarlos económicamente negándose a entregarles los casi dos mil millones de pesos que les adeuda y mandando columnas de revoltosos encapuchados para que siembren caos en su territorio, de ahí los disturbios violentos que hace poco estallaron en la capital provincial. Por su parte, los voceros oficiales insisten en que los únicos responsables de las desgracias económicas de Córdoba, donde el gobernador Juan Schiaretti se ha visto obligado a implementar, con el aval de la Legislatura local, un ajuste feroz que afecta sobre todo a aquellos jubilados estatales

que cobraban entre 5.000 y 22.000 pesos mensuales -un sector que es relativamente privilegiado en la depauperada Argentina actual-, son De la Sota y Schiaretti por haber manejado la economía de su jurisdicción según criterios demagógicos.

Huelga decir que las tesis así resumidas no son contradictorias. Tendrán razón tanto los que hablan pestes de la gestión de De la Sota primero y de su sucesor Schiaretti después, como los que atribuyen lo que está sucediendo a la voluntad kirchnerista de castigar con dureza ejemplarizadora a quienes se animaron a oponérseles, solidarizándose con los ruralistas. No cabe duda de que el manejo de la economía cordobesa de De la Sota y Schiaretti dejó muchísimo que desear. Asimismo, desde instalarse en la Casa Rosada más de cinco años atrás, los Kirchner están acostumbrados a discriminar entre provincias gobernadas por sus incondicionales y las que están en manos de adversarios declarados: colman de dinero a aquéllas y privan de fondos e inversiones de obra pública a éstas. Por lo demás, nunca han vacilado en ordenar a personajes como Luis D'Elía usar los grupos de choque que han organizado y que reciben subsidios estatales para intimidar a los reacios a sumarse al "proyecto" oficialista. Los aprietes financieros y físicos los ayudaron a construir poder; ahora que lo están perdiendo, los emplearán con más ahínco aun en un esfuerzo desesperado por conservarlo.

¿Se quedará limitado a Córdoba el brote de violencia callejera que acaba de manifestarse o se extenderá a otras provincias y a la Capital Federal? En muchas ocasiones, lo sucedido en Córdoba prefiguró lo que estaba por suceder en el resto del país; es bien posible que lo haya hecho una vez más. Aunque sea excepcionalmente grave el desaguisado de las cuentas públicas cordobesas atribuible a los errores de sus mandatarios cuando los Kirchner los creían aliados fieles, ya son muchas las provincias en que los recursos disponibles no bastan para cubrir todas las obligaciones, con el resultado de que los gobernantes se han visto constreñidos a recortar los gastos. En cuanto al gobierno nacional, acaba de comenzar a ajustar al autorizar lo que amenaza con ser una serie de tarifazos que con toda seguridad motivará la ira de los habituados a consumir electricidad y gas a precios mínimos. Si bien el gobierno jura que los más pobres no se verán perjudicados por los aumentos anunciados, pocos le creen y, aun cuando resultara así, los muchos que están hartos del "estilo K" aprovecharán la oportunidad para castigarlos. Después de todo, en Córdoba el gobierno de Schiaretti también procuró "redistribuir el ingreso" limitando el recorte jubilatorio a quienes percibían mucho más que el promedio, sin que por eso se sintieran impresionados por su apego a la justicia social los sindicalistas estatales y las cohortes de "luchadores sociales" que han estado protagonizando los disturbios.

De todos modos, los peronistas cordobeses no serán los únicos que paguen los costos políticos del ajuste y de las protestas furibundas que motivó. Fuera de Córdoba, muchos no podrán sino tomar los disturbios por evidencia de que el gobierno kirchnerista se ha debilitado tanto que ya no está en condiciones de asegurar la paz social aun cuando quisiera hacerlo, mientras que de propagarse la sospecha de que los Kirchner mismos están fomentando los desmanes por suponer que el destino de su gobierno se decidirá en la calle, crecería todavía más la cantidad de quienes se sienten alarmados por la violencia implícita en la retórica y la conducta del ex presidente y sus partidarios más belicosos. En tal caso, se desprestigiaría aún más un gobierno cuyo aislamiento ya es patente, lo que por cierto no contribuiría a mejorar las perspectivas frente a Cristina.