ROMA (Télam DPA).- Unos 3.000 soldados italianos patrullarán las principales ciudades del país, tras ratificarse ayer un decreto de seguridad emitido por el gobierno conservador de Silvio Berlusconi para combatir distintos delitos, sobre todo la inmigración ilegal.
El decreto, ratificado por los ministerios del Interior y de Defensa, forma parte de una ley aprobada la semana pasada que contempla el encarcelamiento por hasta cuatro años para los inmigrantes ilegales y agrava las penas por delitos mafiosos, una norma que generó cuestionamientos dentro de Italia y en Europa.
De hecho, el Consejo Europeo, principal organismo de defensa de los derechos humanos del continente, denunció ayer que las medidas implementadas por Italia en materia de inmigración violan los derechos humanos y podrían alimentar la xenofobia. También ayer, tres embarcaciones con un total de 28 inmigrantes ilegales norafricanos fueron capturadas cerca de la isla de Cerdeña, tres días después de la llegada al país de otros 350 ilegales y de que el gobierno extendiera a todo el territorio un "estado de emergencia" para combatir la llegada de "sin papeles".
"Las medidas aplicadas en Italia no tienen en cuenta los derechos humanos ni los principios humanitarios y podrían fomentar otros episodios xenófobos", manifestó el sueco Thomas Hammaberg, comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa. La afirmación fue realizada en un informe sobre la visita realizada por Hammaberg a Italia del 19 al 20 de junio para conversar sobre la nueva política inmigratoria italiana y de la situación de los gitanos, varios de cuyos campamentos sufrieron recientes ataques a manos de civiles italianos.
Aunque no forma parte de la Unión Europea (UE), el Consejo de Europa está integrado por representantes de los gobiernos de 47 de los 48 países de Europa, y pese a no ser vinculantes, sus recomendaciones tiene gran peso moral en virtud de su carácter oficial y paneuropeo.
Italia ya entró en colisión con la UE por su nueva política hacia los sin papeles. La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, cuestionó la ley anti inmigración aprobada en Italia. El Parlamento Europeo aprobó una resolución que pedía a Roma finalizar con la política discriminatoria hacia los gitanos, pero el gobierno de Berlusconi la desconoció y ratificó que acabará con todos los campamentos de ese colectivo étnico, con el argumento de que son insalubres e inseguros.
Según el decreto ratificado hoy, tres mil hombres del ejército, la marina y la aeronáutica se sumarán a la policía para patrullar las calles de Roma, Milán, Nápoles y las otras grandes ciudades de Italia durante seis meses a partir del lunes. Mil militares vigilarán los centros para inmigrantes, 1.000 más patrullarán sitios "sensibles" de Milán, Roma y Nápoles y los 1.000 restantes serán desplegados en Bari, Catania, Padua, Palermo, Turín y Verona
El ministro italiano del Interior, Roberto Maroni, salió en defensa de la política del gobierno, al señalar que la cifra de inmigrantes ilegales "podría superar este año los 30.000", de continuar el flujo actual. "Los centros de recepción existentes no están lo suficientemente equipados para hacer frente a la ola de inmigrantes", dijo.
