VIEDMA (AV)- Las actividades educativas, legislativas y judiciales; retomarán desde hoy su ritmo habitual en Río Negro tras el receso invernal. El regreso significará para el gobierno provincial cierta intranquilidad dado que los docentes lanzarán una ofensiva gremial con un paro convocado para el viernes en reclamo de mejoras salariales.

La protesta docente será por 24 horas y continuará con otra de 48 horas durante el 6 y 7 de agosto próximos, en el marco del plan del lucha resuelto por el congreso de la Unión Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter).

La organización sindical plantea como exigencia principal un sueldo básico promedio de la zona patagónica de 850 pesos y un sueldo mínimo de 1.890 más 110 pesos de incentivo docente que sumarían 2.000 de bolsillo para el maestro inicial.

Los alumnos del nivel primario volverán a las aulas desde hoy puntualmente, mientras que en el secundario se prevé un reinicio parcial, de acuerdo con la modalidad de cada establecimiento. El motivo es que esta semana se conformarán las mesas para alumnos que adeudan materias previas.

El organigrama establece que la zona Andina tendrá una semana más de receso por una cuestión geográfica y climática.

No se descarta que haya un intercambio de reproches con el Ministerio de Educación sobre la falta de convocatoria a una fecha de discusión paritaria, dado que el gobierno en ese sentido, anticipó que no discutirá salarios en tanto haya medidas de fuerza; de acuerdo al anticipo del delegado paritario Alejandro Betelú.

La discusión en el ámbito legislativo estará centrada en el convenio que restituye el sistema de jubilaciones con el 82 % para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Río Negro.

Este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo pondrá en marcha un plazo de 90 días de adhesión al nuevo régimen. Su aceptación exigirá la cancelación de la deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por diferencias de aportes previsionales, que totaliza 12 millones por los 306 cargos. El pago promedio de los adherentes rondará los 40.000 pesos.

El gobernador Miguel Saiz presentó la iniciativa fundamentando que los magistrados y funcionarios judiciales rionegrinos, como otros sectores estatales, eran alcanzados por un régimen de previsión social que reconocía el servicio de justicia como diferencial hasta el 2 de mayo de 1996.

No obstante, en la ocasión que se firmó el convenio de transferencia del sistema de previsión social de Río Negro al Estado nacional, el 31 de mayo de 1996, los magistrados y funcionarios del Poder Judicial rionegrino quedaron sujetos a las estipulaciones específicas que contiene el mismo en sus cláusulas octava, novena, décima y undécima.

El proyecto no cuenta con el aval del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur) que amenazó con movilizarse hacia el edificio de la Legislatura para el día del tratamiento en el recinto, ya que los deja afuera.