NEUQUÉN (ACE).- Más de 600 acusaciones de delitos se suman en el tercer tramo de la investigación que se lleva a cabo en Neuquén por las denuncias de las víctimas de la dictadura militar en la región.

La complejidad de la causa que instruye el juez Guillermo Labate se acumuló en varios cuerpos de expediente, que suman miles de fojas de declaraciones y de cargos, debido a que se trata de no menos de 30 imputados que son investigados por las denuncias de 40 víctimas.

La Cámara Federal de Roca rechazó entre el jueves y viernes cuatro apelaciones por las excarcelaciones que Labate le negó a los comisarios rionegrinos Oscar Del Magro, Julio Villalobos, Antonio Camarelli y Miguel Ángel Quiñones. Los tres primeros ya habían recibido la negativa a ser excarcelados, pero sus defensas insistieron y la Cámara se las rechazó nuevamente.

Hay otros pedidos de excarcelación en estudio, como el de Raúl Guglielminetti, que fue indagado el 14 de julio y que al igual que otros 20 imputados permanece actualmente en la U5, la cárcel federal de Roca, a la espera de que el juez defina su situación procesal en esta causa.

El primer tramo de la investigación de Labate por los hechos ocurridos con 17 víctimas será debatido en el juicio que comenzará el 11 de agosto, contra de los jefes militares en la zona Enrique Braulio Olea, Oscar Lorenzo Reinhold, Mario Gómez Arenas, Luis Alberto Farías Barrera; el médico militar acusado de supervisar la tortura Hilarión de la Pas Sosa y el personal de inteligencia del Ejército, Sergio San Martín, Jorge Eduardo Molina Ezcurra y Julio Oviedo.

En el tramo que continúa en instrucción se abordaron las denuncias de otras 40 víctimas, entre ellos más de siete desaparecidos.

El juez avanzó no sólo en la responsabilidad de los ocho militares que irán a juicio en agosto, sino en el de una veintena de integrantes de los grupos de tarea (integrados por personal del ejército, agentes de inteligencia -civiles y militares- policías provinciales y gendarmes) a quienes los imputó por los secuestros, traslados, pero también robos, tormentos y allanamientos ilegales que se producían durante el accionar represivo.En total, son más de 600 imputaciones de delitos que se fueron acumulando en la causa y a la mayoría de ellos se les endilgó la asociación ilícita. Hay unos 10 imputados a los que se les encontró responsables de la mayoría de las denuncias hechas por las 40 víctimas.

Los policías rionegrinos están acusados por los secuestros y torturas de las víctimas de Cordero, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro y algunos de Neuquén; el personal de Gendarmería por los secuestros ocurridos en la zona de Junín y San Martín de los Andes; capitanes del Ejército, policía y agentes de inteligencia por las detenciones que se llevaron a cabo en la comarca petrolera; en tanto la mayoría de los integrantes de inteligencia están acusados por los secuestros de universitarios, docentes, gremialistas y militantes políticos.