El oficialismo prepara por estas horas el diseñó de un nuevo indicador de precios al consumidor (IPC) que brinde un cierre a la profunda crisis del INDEC, organismo violentado por la intervención del polémico funcionario Guillermo Moreno.

En busca de ese objetivo, el diario oficialista Pagina 12 -citando fuentes del Ejecutivo- anunció ayer que se conformará una junta de asesores de prestigio. Esperan contar con los economistas Aldo Ferrer y Héctor Valle, entre otros.

De acuerdo con los pronósticos más optimistas, el nuevo índice debería estar listo para comenzar a utilizarlo desde el 1º de enero de 2009.

Luego de tolerar todos los desbarajustes realizados por el secretario de Comercio Guillermo Moreno para ocultar la suba de precios, el gobierno cree que la preocupación central de los argentinos es la inflación. Así se lo dicen las encuestas. Por eso dejaron trascender la decisión de avanzar en una modificación del indicador que elabora el INDEC.

De acuerdo con la información brindada por Página 12, la idea que se maneja en el Ministerio de Economía es crear dos índices de inflación minorista (IPC). Uno de ellos no incluiría la energía. También afirman que es necesario tener en cuenta el incremento de los pagos de la deuda pública que están atados al IPC. Cambiar el índice sin antes bajar la inflación podría aumentar las erogaciones anuales en más de mil millones de dólares.

El diagnóstico del equipo económico es que la causa fundamental del actual proceso inflacionario es una fuerte asimetría entre el incremento de la demanda y la evolución de la inversión que motoriza la oferta. Por eso prepara un plan de fuerte impulso a las inversiones.

En los próximos días enviará al Congreso una ley de desgravación impositiva a las utilidades que sean reinvertidas.

El proyecto apunta al universo de las pymes, que son el 95% de las empresas locales. Y propone que una parte de las ganancias que se reinviertan pueda descontarse del impuesto a las ganancias.

Otro elemento que se sumará a la lucha contra la inflación será la reducción del gasto público. En ese sentido, las primeras medidas que se preparan son una suba en las tarifas de gas, electricidad y transporte para disminuir los subsidios a las empresas que manejan esos sectores.

También se estudia una suba gradual del precio del gasoil.