Hace varios años que en Bariloche se cuentan por miles las familias sin acceso a la tierra y a la vivienda, que padecen la inacción del Estado en la materia y que no tienen -en muchos casos- otra alternativa que invadir lotes ajenos, incluso en zonas de alto riesgo.

La emergencia habitacional es desde entonces una realidad pura y dura, aunque no está de más ponerla en el papel, como hicieron el último martes los concejales mediante una ordenanza aprobada tras intensa discusión.

La iniciativa original fue planteada por el concejal del ARI Darío Rodríguez Duch, aunque el debate posterior la "engordó" con varios aportes destinados a darle espesor y contenido concreto, para ir más allá de una simple declaración.

En ese trajín, hubo incluso un proyecto alternativo del edil opositor Hugo Cejas (SUR), que introdujo varios conceptos superadores pero también algunos elementos destinados claramente a "marcarle la cancha" al Ejecutivo, que merecieron alguna reprobación dado lo delicado del tema en tratamiento.

Lo valioso fue que al momento de las definiciones el oportunismo político quedó a un lado y se impuso la búsqueda de consensos, al punto de que el texto definitivo cosechó aval unánime.

La ordenanza tiene el mérito de sacar de la solemnidad de las actas y bajar al barro algunas premisas incluidas hace un par de años en la Carta Orgánica, como aquella del artículo 29 inc. 36, que encumbró entre las funciones y atribuciones del municipio la de "promover el acceso a la tierra y a una vivienda digna, priorizando a los sectores de menores ingresos".

También prevé poner en marcha de inmediato el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social (creado hace un par de meses), dotarlo de presupuesto, abrir un "registro de inscripción permanente" para demandantes de soluciones habitacionales y conformar un inventario de terrenos (ya sean de dominio municipal, provincial, nacional o privadas) con aptitud para destinarlos a un uso social.

Pero tal vez el artículo que más expectativas genera es el que le impone a la emergencia un término de un año (como corresponde a cualquier estado de excepción) y obliga a evaluar los resultados cumplido ese plazo.

La cuenta regresiva ya está en marcha y no es poca cosa. Algo de lo que tomó debida nota la Mesa de las Organizaciones de la Tierra, que impulsó con empeño la aprobación de la ordenanza.

Es imperioso que en los próximos 12 meses "pase algo" que rompa la inercia de dejadez y abandono. El problema de la tierra y la vivienda, no es nuevo.

Por hablar sólo de la historia reciente, hubo ya una crisis en el invierno de 2004, cuando los desmoronamientos en la Barda del Ñireco pusieron en primer plano el drama de las 200 familias que viven allí y que había que mudar sin demora.

El municipio tardó años en conseguir las tierras para construir las viviendas que prometió el gobierno nacional y aun hoy el plan de traslado sigue en condición de "proyecto", mientras los casos más críticos son resueltos con subsidios para alquileres.

A comienzos del 2006, en plena fiesta de la economía turística, la desigualdad creciente y la inflación de los precios inmobiliarios provocó una ola de usurpaciones.

El gobierno municipal de entonces reaccionó con la designación de un director de Tierras (cargo que tenía vacante) y aceptó crear el Banco de Tierras, que reclamaba desde hacía largo tiempo una concejal opositora.

Pero las soluciones no llegaron, porque la política siguió orientada a cerrar negocios con algún gran agente inmobiliario y no a democratizar el acceso a la tierra y defender a las víctimas del mercado, a los que nada tienen y pierden siempre.

Un rebrote del conflicto precipitó en mayo pasado con la toma de las 120 viviendas, resuelto hace pocos días con una negociación que se impuso al desalojo judicial.

En abril de 2006 este mismo espacio advertía que los poderes públicos no podían mirar para otro lado ni declararse impotentes cuando está demostrado que "el déficit habitacional consolida y naturaliza la exclusión", dado que la vivienda precaria -además de negar abrigo digno- "impide acceder a un buen empleo, propicia el fracaso escolar, multiplica los problemas de salud y hasta potencia los casos de violencia familiar".

Sin dudas que se trata de una demanda inmensa y compleja, pero la gente comprenderá la gradualidad de las soluciones si encuentra trabajo y políticas de Estado.

Y también si identifica dos principios que serán inexcusables: que la "alta prioridad" se traduzca en presupuesto, expropiaciones, compras, obras, metas tangibles; y que el proceso de asignación de lotes y viviendas esté signado por la transparencia y la buena comunicación.