En el artículo Dilemas y escenarios del conflicto colombiano ("Río Negro", 16 de julio de 2008, página 20), Federico Zapata planteó distintas hipótesis sobre el rumbo que habría de tomar el conflicto colombiano luego de los últimos hechos, como la muerte de Reyes y de Marulanda y el rescate de Ingrid Betancourt.

A partir de este último suceso, acaecido hace poco menos de un mes, las FARC emitieron un comunicado en el que se puede vislumbrar cuál será el escenario en el que se desarrollarán las próximas escenas de esta confrontación.

El texto, firmado por el Estado Mayor Conjunto de las FARC, fechado el cinco de julio del año en curso, consta de cinco puntos.

En una primera instancia se señala que los dos miembros de las FARC que se encargaban de vigilar a Ingrid Betancourt y los demás liberados perpetraron una traición a "su compromiso revolucionario y a la confianza que en ellos se depositó". Cabe anotar que con esta afirmación hecha por el comando se entrevé una puesta en duda del rescate tan promocionado por el gobierno colombiano y se lo reduce a una operación en la que más bien se manipularon a miembros del otro bando en conflicto.

Asimismo, el texto de las FARC apunta a una suerte de "naturalización" de todo lo ocurrido, pues es "inherente a cualquier confrontación política y militar donde se presentan victorias y reveses", lo cual pone sobre el tapete la noción de las FARC consistente en que hay una confrontación armada y política en Colombia y no una lucha por parte del Estado contra un grupo terrorista, como lo ha expuesto y encarado el gobierno de Uribe. De la misma manera, en este acápite del comunicado se hace la aclaración de que las FARC mantienen su política por concretar acuerdos humanitarios que se basen en el intercambio y que protejan a la población civil del conflicto. Esto último resulta inquietante con lo que el grupo armado enuncia a continuación: "De persistir en el rescate como única vía, el gobierno debe asumir las consecuencias de su temeraria y aventurera decisión". ¿Esas consecuencias implican ataques a la población civil y la responsabilidad de éstos sería exclusiva de la política del gobierno al mantenerse en pie de guerra? En este aspecto cabe resaltar una carta enviada por las FARC al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante junio del año en curso, en la que afirman: "Los revolucionarios no escogemos la forma de lucha, sino que ésta la impone el enemigo". De manera que nos encontramos ante dos lógicas que chocan: el gobierno de Uribe entiende que su embate militar se basa en una lucha por la seguridad de Colombia, y la política bélica de las FARC es una respuesta a la violencia estatal. En ese orden de ideas se crea un círculo vicioso en el cual cada uno de los bandos inculpa al otro por la violencia que se desata, quedando siempre la población civil en medio de la lucha, sin que ni siquiera pueda encontrar a un responsable claro de lo que le sucede.

Otro aspecto tocado en el texto es una aclaración que consiste en reafirmar las intenciones por liberar a los miembros de las FARC que se encuentran presos, expresándose que son "combatientes políticos", lo cual marca una distancia con respecto a lo que entiende el gobierno colombiano, pues para éste último, al ser terroristas, no les cabe ningún estatus de carácter político. De esa manera, el gobierno de Uribe ha extraditado a los Estados Unidos a miembros de las FARC como Simón Trinidad, quien ha sido acusado de narcotráfico. Del mismo modo se afirma que el camino de cualquier transformación de carácter revolucionario entraña dificultades.

Finalmente, el documento concluye con el tema de la paz, un vocablo que se ha usado en Colombia desde distintos sectores y que nunca se ha aclarado en su contenido. Así es como las FARC expresan la apertura hacia una paz que consista en "acuerdos que beneficien a las mayorías" y no a una "paz de los sepulcros sostenida sobre la corrupción, el terror del Estado, la felonía y la traición". Esta afirmación trae consigo la problemática que implica el definir qué son las mayorías; el electorado colombiano ha estado de manera casi unánime a favor de la política de guerra de Uribe y eso se hizo patente con las marchas multitudinarias en contra de las FARC llevadas a cabo el 20 de julio. ¿A qué mayoría se refieren las FARC? ¿Hay distintos rostros de un término como el de mayoría? De ser afirmativa la respuesta, ¿no estamos ante otro concepto vacío del que se sirve la democracia para que así continúe de manera endeble el aparato institucional en los Estados de nuestro continente?

Teniendo en cuenta lo que aparece en el comunicado traído a colación, las FARC persistirán en la lucha, lo cual vendría a incrustrarse en el escenario que Zapata ilustra como la "re-invención militar de las FARC y prolongación del conflicto como guerra de desgaste".

Es decir, por más que se proclame un triunfo militar por parte del gobierno colombiano, habrá un cambio en la dinámica de la confrontación, la cual no sólo se presenta en el terreno bélico sino en el mismo uso de las palabras. El gobierno habla de mayorías al igual que las FARC, Uribe se refiere a este grupo como una suerte de pandilla terrorista y, por lo tanto, a que su empresa es una lucha contra el crimen organizado a la vieja usanza de las películas norteamericanas, mientras que las FARC se autodenominan como un grupo revolucionario.

Estas discrepancias ocasionan que para el colombiano promedio sólo se pueda llegar a comprender su situación a partir de un relato construido desde una de estas dos posiciones, ocasionándose una bipolaridad que ha venido a expandirse en todo el continente. Es así como hoy existen en distintos rincones aquellos que aclaman a Chávez versus los que lo defenestran, y este fenómeno se extiende hasta aspectos internos como el ocurrido en Argentina con la problemática del campo y el gobierno.

Ahora bien, respecto de la apreciación de que hay que proponer salidas regionales, ello implicaría que debe haber unos mediadores que se ubiquen en un panóptico que sirva para vislumbrar una salida que precisamente acabe con esa lógica de buenos contra malos. En ese punto es donde el continente puede colaborar en una solución a una problemática que se ha convertido en un punto de primer orden en la agenda regional; sin embargo, no puede ser un presidente como Ortega (quien maneja un vocabulario y nociones similares a las de las FARC), ni un Bush (quien maneja un léxico quizá tan precario como el de Uribe y con conceptos similares) los llamados para estar en el rol de mediadores.

La lógica que consiste en entender que hay dos elementos antagónicos sólo es superada mediante la apertura a nuevas nociones que permitan un acercamiento que, lamentablemente, ni siquiera en aspectos de carácter nacional parece haberse superado en nuestra región.

ANDRÉS FELIPE ESCOVAR (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Abogado. Periodista del diario "El Heraldo" de Barranquilla, Colombia.