Sigilo es sinónimo de secreto. Uno u otro término se puede aplicar a las actuaciones, judiciales o administrativas, provinciales o nacionales, que vienen tramitando desde hace más de tres años, cuando se hicieron públicos, en este diario, los préstamos irregulares otorgados por el Banco de la Provincia del Neuquén "a empresas ligadas con el gobierno provincial de la época".

Las empresas son Temux, Cooperativa Santa Elena y Santa Elena Bursátil, y el entrecomillado pertenece a un comunicado expedido por la comisión gremial interna de la sucursal Buenos Aires del BPN.

Las actuaciones judiciales provinciales son las que se siguen en el juzgado penal de Marcelo Muñoz y la que, en manos del fiscal Pedro Vignaroli, investiga las relaciones entre las empresas mencionadas y Damovo SA, la contratista principal del Plan Integral de Seguridad. Hay además dos trámites administrativos que tienen como sujetos a otros tantos funcionarios de la sucursal -suspendidos con goce de sueldos desde febrero del 2005- Carlos Herrera y Alberto Cáceres: uno en el Ministerio de Trabajo de la Nación y otro en el mismo banco. Todos estos expedientes están blindados para evitar cualquier posibilidad de que los secretos que guardan se conozcan.

Con el tiempo, algunas cosas se llegan a saber, pero por lo general suele suceder que cuando la información es de tal densidad que puede servir de sustento a una condena, resulta que la causa ha prescripto y, como el arpa de Bécquer, yace silenciosa y cubierta de polvo en un ángulo oscuro del archivo judicial.

El comunicado de los gremialistas está enfilado contra el presidente del banco Omar Gutiérrez -confirmado en el cargo por el gobernador Sapag-, a quien responsabilizan de un presunto intento de cargar todas las culpas del fraude a Herrera y Cáceres.

Dicen al respecto que con tal objeto el ex gerente general del BPN, Juan Pablo Bugner, instó la contratación de un estudio contable "para que haga un informe a medida de las necesidades de las autoridades de turno para zafar de sus responsabilidades".

El texto absuelve de toda responsabilidad a Herrera y Cáceres, a quienes consideran "perejiles" escogidos como culpables. Pregunta si ellos podían tener más facultades que "los amigos de Manganaro, Bugner, Racco, los distintos gerentes de créditos, de supercréditos" y de lo que denomina "la oficina de créditos incobrables".

El fraude, según las primeras noticias, ascendió primero a doce millones de pesos. Luego superó los veinte millones, pero todavía hoy no hay cifras definitivas. Que se sepa, los dueños de Temux y de las dos Santa Elena, Juan y Jorge Terrado, todavía no han sido convocados por el juez Muñoz. Tampoco el presidente de Damovo, Manuel Requejo García.

Los sindicalistas confirman que cuando la estafa ya se había consumado, en diciembre del 2004, el BPN le prestó a Temux cinco millones de pesos, de un fideicomiso en el banco Nación para que cubriera el descubierto en su cuenta corriente de la sucursal, y que con el mismo objeto le alquiló títulos Lebac (para que los negociara en el mercado).

El comunicado -que en su último párrafo pide "una inmediata solución, cerrando el sumario por los vicios acumulados", y la reincorporación de los suspendidos- cuestiona igualmente al designado interventor en la sucursal a principios del 2005, Pablo Nogués, de quien dicen que era "un oscuro funcionario" que fue premiado con un ascenso que pasó por 15 categorías hasta llegar al cargo de subgerente general.

En la catarata de cargos contra las autoridades del banco no se deja de señalar que "prefieren pagar suplencias, viáticos, peritos, asesores, abogados externos, consultores, superando holgadamente los 200.000 dólares mensuales... antes que aceptar que eran favores del poder (a Temux), desconocidos para los empleados", los causantes del fraude.

JORGE GADANO

tgadano@yahoo.com.ar