La Justicia frenó un fallo que obligaba al Estado nacional a pagar más de 300 millones de pesos al grupo Greco y ordenó revisar la liquidación que se hizo en el 2005 en beneficio de los banqueros mendocinos indemnizados por haber sido intervenidos durante la última dictadura, según informó la Unión Cívica Radical, que aportó pruebas en la causa.
Esta agencia intentó comunicarse con el juez en lo civil y comercial Juan Francisco de Asís Soto, quien emitió el fallo según los radicales, y con la Procuración General del Tesoro para confirmar la noticia sin obtener respuestas.
El titular de la UCR, Gerardo Morales, y el jefe de la bancada radical de senadores nacionales, Ernesto Sanz, salieron a celebrar públicamente que las pruebas aportadas por ellos en la causa sirvieron ahora para la anulación de la polémica sentencia.
Según explicaron, en un fallo dictado ayer, el juez Soto resolvió dejar "sin efecto" la orden que había dictado en un fallo anterior en el que se disponía "homologar la liquidación (...) hasta la suma de 332.396.128,64 pesos".
"Por lo demás -añadió parte de la sentencia difundida por la UCR-, tampoco puede dejar de ponderarse la entidad de las sumas en juego que afectan al patrimonio del Estado, extremo que constituye una cuestión de orden público por estar vinculada al interés general en el que tiene primacía la búsqueda de la verdad material".
Desde el gobierno nacional, hasta anoche, voceros de distintas reparticiones dijeron no tener noticias del fallo.
En un comunicado difundido por la oficina que comanda Morales, se precisó que el juez concluyó: "en definitiva, no obstante el rechazo de la nulidad planteada sobre la base de una resolución administrativa que considero ilegítima, por las razones que ponderé precedentemente, debe aceptarse la revisión de la liquidación aprobada para garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia, sin afectar la cosa juzgada atento a la naturaleza provisional del auto que aprueba la liquidación".
Durante la dictadura, el Grupo Greco, un consorcio empresario con base en la provincia de Mendoza, dueño de bancos (Los Andes, Iguazú, Norte y Delta Argentino) y de una treintena de entonces conocidas empresas vitivinícolas, fue intervenido y desapoderado de sus bienes. Al regreso de la democracia, con la presidencia de Raúl Alfonsín, el Estado reconoció un resarcimiento a favor del grupo, que finalmente fue establecido por el juzgado a cargo de Soto.
El 11 de agosto del 2005, el juez homologó un acuerdo entre el Ministerio de Economía y el ex consorcio de empresas de la familia Greco. Allí se estableció que la Nación se comprometía a pagarle a los Greco 332.396.128,64 pesos como indemnización por haber sufrido el desapoderamiento de sus bienes durante la dictadura.
En noviembre del 2006, el Poder Ejecutivo le solicitó al Congreso la autorización de nuevo endeudamiento para cumplir con esta erogación que, al cancelarse con bonos, equivalía a 587.650.855 pesos, pero finalmente la entonces ministra de Economía Felisa Miceli impugnó el pago y revocó los actos administrativos firmados por sus abogados en favor del desembolso. (DyN)
