ROMA (AFP) - El gobierno de Silvio Berlusconi decidió extender a todo el territorio italiano el "estado de emergencia ante la inmigración clandestina" en vigor en ciertas regiones desde hace varios años.
Esta declaración de urgencia permitirá en particular acelerar la construcción de nuevos centros de retención de los inmigrantes clandestinos, indicó el ministro de la Defensa, Ignazio La Russa.
En rueda de prensa el ministro del Interior, Roberto Maroni, señaló que el estado de emergencia era "una medida técnica, ya utilizada en el pasado y útil para recurrir a procedimientos (administrativos) acelerados".
Se trata de "la prórroga de una prórroga" agregó, minimizando la medida ante las críticas de la oposición. "Es una decisión abominable", estimó Giancarlo Bressa, vicepresidente del grupo parlamentario del Partido Democrático. "Este gobierno es incapaz de gobernar sobre los asuntos verdaderos y serios y busca meter miedo a la gente", estimó. "Es un clima de estado policial", insistió Rosy Bindi, vicepresidente de la Cámara, mientras que el gobernador de la región de Apulia (sur), Nichi Vendola habló de "pedazo de fascismo".
La promesa de solucionar el problema de la inmigración ilegal fue una de las principales consignas durante la campaña electoral de Silvio Berlusconi, que llegó al poder tras las elecciones legislativas de abril pasado.
En 2007 entraron en Italia
más de 25.000 ilegales de los países de Africa y Asia, sin contar los provenientes de América y europeos extraco
munitarios.. Maroni, de la xenófoba Liga del Norte, aliados de Berlusconi, también es autor de la propuesta de censo de gitanos, que prevé la toma de huellas digitales a los menores de edad.
Dicha medida fue condenada por el Parlamento Europeo y por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ya que la toma de huellas dactilares a los niños constituye una violación a la Convención sobre Derechos de la Infancia, ratificado por Italia. Además, esta semana el Senado italiano aprobó el decreto de ley que ordena medidas más duras contra la inmigración ilegal. La nueva ley considera un agravante el hecho de ser inmigrante ilegal, por lo que en caso de que un clandestino enfrenta una pena carcelaria aumentada.
