SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- Como hace unas pocas semanas por el emblemático caso de un niña con síndrome de Down, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén vuelve a estar a un paso de los tribunales, por el calvario que viven una madre y su hijo con parálisis cerebral. El joven, de 32 años y con ese padecimiento desde los 2, fue pensionado por el estado neuquino pero la obra social no le da pañales y no resuelve los insistentes pedidos de Mirta Egea para que le asignen una cuidadora diurna, mientras ella trabaja como único sostén familiar.

Lo curioso, explicó la mujer, es que la obra social reconoce esas prestaciones mediante circulares y disposiciones internas, que exhibió ante este diario, pero en los hechos su hijo no recibe la prestación.

"Trabajo ocho horas, como cualquier persona, pero al no tener con quién dejarlo, lo encierro en su habitación durante ese lapso, porque es la única forma de evitar que se haga daño a sí mismo (el paciente padece de severas convulsiones)".

"Estoy desesperada y vengo haciendo el reclamo de una cuidadora domiciliaria desde hace dos años", agregó.

En compañía de Luis Rodríguez, coordinador general de la Fundación Puentes de Luz, la mujer denunció que "en el Instituto aprueban las disposiciones, pero lo único que me dan son los medicamentos... nada de los pañales, nada de la cuidadora, nada de la rehabilitación y tratamiento a los que mi hijo tiene derecho".

A su turno, Rodríguez recordó que la provincia de Neuquén sigue sin adherir a la ley nacional 24.901, para la atención integral de la discapacidad, lo que a la vez trae como consecuencia que no se fomenten los centros de rehabilitación.

Sin embargo, dijo Rodríguez, incluso así está en vigencia la ley provincial 1.634, que reconoce la atención de la discapacidad.

En ese contexto, Egea remitió una carta documento a las autoridades del ISSN, en nombre y representación de Sebastián Lagos, afiliado N°25.043.409, en el que las intima a que en un plazo de 72 horas procedan a otorgar la cobertura del 100 por ciento de los gastos que insume la atención de la discapacidad de su hijo, "oportuna y reiteradamente solicitada ante la delegación San Martín de los Andes de esa obra social".

El reclamo consiste en el pago de la asistencia de un cuidador domiciliario especializado, cobertura integral del tratamiento de rehabilitación y kinesiofisioterapia, traslados hacia y desde el centro prestador y provisión de pañales. De lo contrario, Egea dijo que iniciará acciones legales, una vez cumplido el plazo de intimación por vía administrativa.

Conviene recordar que semanas atrás, el ISSN también fue noticia por otro episodio similar en el que, según las denuncias, se retacea la atención a una persona con discapacidad.

Se trata de la pequeña Jazmín, con síndrome de Down (ver más información aparte), cuya situación ha sido considerada testigo como para sostener la irracionalidad de un decreto del gobierno provincial, que traspasó a la órbita de la obra social oficial a la Junta Coordinadora de Atención Integral de la Discapacidad (Jucaid), que es precisamente la que debe certificar las afecciones de las personas especiales. Esta decisión sería revisada.

En cualquier caso, la situación de Sebastián Lagos es igualmente dramática pero con la diferencia de que su caso ha sido debidamente documentado y certificado por las autoridades, que en su momento le otorgaron una pensión estatal.

Su madre, que como se apuntó es el único sostén familiar, también es empleada pública y afiliada al ISSN, desempeñándose como auxiliar de estadística asignada al centro de salud del barrio El Arenal, del hospital Carrillo.