CÓRDOBA (DyN) - Luciano Benjamín Menéndez, el ex general de 81 años que comandó la represión ilegal en Córdoba y otras nueve provincias en la última dictadura, fue condenado ayer a cumplir la pena de prisión perpetua en una cárcel común por ser "coautor mediato" de los crímenes de cuatro militantes políticos secuestrados en 1977.

Antes del fallo, emitido por el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba, Menéndez volvió a reivindicar la dictadura al señalar a la Argentina como el "primer país que juzga a sus soldados victoriosos" y denunció que "los guerrilleros de los '70 están hoy en el poder". El resto de los acusados, salvo Acosta que eligió el silencio, se declararon inocentes.

Junto a al represor, otros ex militares -Luis Manzanelli, Carlos Díaz y Oreste Padován- y un ex agente civil de inteligencia -Ricardo Lardone- también fueron sentenciados a prisión perpetua, mientras tres acusados recibieron penas inferiores: Hermes Rodríguez y Jorge Acosta, 22 años, y Carlos Vega, 18 años.

Todos deberán cumplir la pena en cárceles comunes del Servicio Penitenciario cordobés, según dispuso el TOF 1. Aunque las defensas apelarán, manifestantes y familiares de víctimas que se agolparon en el centro de Córdoba celebraron el final del juicio como un triunfo histórico.

"Por fin, paz y justicia", gritó una mujer con la foto de su hijo desaparecido entre las manos, mientras otra mujer estalló en llanto diciendo "al final este asesino hijo de puta se va a pudrir en la cárcel por los crímenes que cometió". Los manifestantes no sólo festejaron la condena contra Menéndez, símbolo del terrorismo de Estado, sino por la decisión del Tribunal Oral Federal 1 de enviar al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y al resto de los acusados a una cárcel común de la provincia de Córdoba, sin privilegios o beneficios por su edad o grado militar.

Mezclados con los deudos dentro del recinto estaban el gobernador cordobés, Juan Schiaretti; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, y miembros de Madres de Plaza de Mayo, entre otros.

El fallo fue el corolario de un juicio oral que se había iniciado el 27 de mayo pasado, para esclarecer los secuestros, torturas y asesinatos de los que fueron víctimas Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Cardozo, miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), que fueron capturados entre el 6 y el 8 de noviembre de 1977 y asesinados el 15 de diciembre de 1977.

Los acusados intentaron hacer pasar el asesinato como un enfrentamiento en la esquina de Sagrada Familia y Colón, del barrio Quebrada de las Rosas, y hasta ahora sólo se pudieron recuperar los restos de Hilda Palacios.

Durante las audiencias, familiares de las otras víctimas pidieron a los acusados que les digan dónde fueron ocultados los restos de sus parientes, pero nunca hubo respuesta.

Menéndez, Manzanelli, Díaz, Padován y Lardone fueron responsabilizados por tres privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos agravados y homicidios calificados en perjuicio de Palacios, Brandalisis y Lajas . A Rodríguez, Acosta y Vega, en cambio, no se les adjudican los homicidios cometidos el 15 de diciembre del '77, puesto que según sus legajos los dos primeros habían sido trasladados, mientras el tercero estaba de licencia.

Los jueces Jaime Díaz Gavier Carlos Otero Álvarez y José Vicente Muscará rechazaron los planteos de inconstitucionalidad, nulidad y prescripción y luego dictaron condenas en sintonía con lo solicitado por la Fiscalía.

Ahora, Menéndez y el resto de los represores deberán enfrentar otros juicios en Córdoba. Y Menéndez deberá ir al banquillo es Tucumán, el 5 de agosto, por la desaparición del senador peronista Guillermo Vargas .