MADRID (AP).- El desempleo volvió a crecer en España en el segundo trimestre de 2008. Las cifras, hechas públicas ayer, revelaron que 207.400 personas perdieron su trabajo durante este período de tiempo, más de 75.000 de ellas inmigrantes.

Los datos, los peores desde 2004, elevan la tasa de desempleo al 10,4% de la población activa. Es decir, casi 2.400.000 personas están actualmente sin empleo en España. A principios de año, este porcentaje estaba en el 9,6%.

Entre los extranjeros, la situación es más preocupante. El 16,4% de los inmigrantes con residencia legal, más de 250.000, se encuentran sin trabajo, según estos datos.

La desaceleración económica que afecta a España sigue cebándose con el mercado laboral y también con ciertos sectores, como el de la construcción, que vive una profunda crisis después de haber sido durante la última década el principal motor de la economía española.

Ayer mismo el gobierno español rebajó en siete décimas, hasta el 1,6%, las previsiones de crecimiento para 2008.

Tampoco el futuro del desempleo parece esperanzador, ya que el ejecutivo prevé que la tasa alcance el 12,5% en 2009.

El vicepresidente económico Pedro Solbes culpó de estos malos datos a la coyuntura internacional desfavorable y, sobre todo, a la "subida de los tipos de interés en la eurozona'' y a "los precios del crudo''.

"Las malas cifras económicas no son un tema específico de España. Afectan a Europa y a otros países'', dijo en una conferencia de prensa.

El colectivo inmigrante está sufriendo especialmente las consecuencias de la crisis. El desempleo entre la población extranjera residente en España ha crecido un 74,2% en sólo un año.

En junio de 2007, había 110.246 inmigrantes sin trabajo, en comparación con los 260.000 del mismo mes en 2008.

Ante este panorama y el temor a que la situación siga empeorando, el gobierno ya anunció la puesta en marcha en septiembre de un proyecto para tratar de frenar el desempleo entre la población inmigrante.

Conocido como el plan de retorno voluntario, pretende incentivar el regreso a extranjeros desempleados a sus países de origen, adelantándoles el pago del subsidio que les corresponda. Unas 100.000 personas podrían acogerse a esta polémica medida, que el gobierno considera "justa''.

Pero junto a ello, el gobierno español también estudia un endurecimiento de su ley de extranjería. Aunque la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega lo definió en su día como un simple "reajuste'', lo cierto es que, entre otros cambios, España tiene intención de restringir la reagrupación familiar de los inmigrantes.