Siempre se reitera aquello de las oportunidades que genera una crisis. Sin embargo, la historia parece indicar que en la Argentina es al revés: de cada oportunidad una crisis.
Hoy podría ser no tan así.
Meses antes de las elecciones presidenciales del año anterior escribimos en estas páginas una opinión titulada "El fin de la simulación" (5/9/07). La idea trataba de ubicar en situación exacta un discurso de gobierno que poco tenía que ver con las ideas que pregonaba. La realidad ha demostrado que las contradicciones de éste y aquel gobierno han llegado a su punto culminante con el desmanejo evidenciado frente al conflicto con el sector agropecuario, tomado este último como un todo. La intención de enfrentar a golpistas, desestabilizadores y oligarcas con "el pueblo" ha sido simulada, así como también la presunta distribución del ingreso para ese pueblo empobrecido cuando la concentración del ingreso se acelera a velocidad aún mayor que durante la década del noventa.
No hay modelo alguno en un dólar alto o, mejor dicho, que lo era, ni tampoco en el festival de subsidios que beneficia con grandes cantidades de recursos públicos a empresas oligopólicas y multinacionales. No hay más espacio para dibujar precios, estadísticas y porcentuales que son una comedia de espanto observada hasta por argentinos que no terminaron la escuela pero que padecen sus consecuencias.
El sistema de caja concentrada desde el poder central, engordada con la postergación a las provincias mediante la apropiación de recursos coparticipables, que sólo ahonda la desigualdad nacional, alimenta el clientelismo y la compra de gobernadores e intendentes. No es adquiriendo todo lo que se ponga enfrente como se hace la política del cambio y, menos aún, la de redistribución del ingreso para los desprotegidos.
No hay proyecto ni ideología alguna excluyendo al diferente, privilegiando el capitalismo de amigos que paga comisiones y calificando de traidores a quien no se puede usar o no permite que lo usen.
Con símbolos y algunas buenas medidas pasadas no se hace un proyecto nacional de desarrollo, menos aún si se pierden en un mar de insustancialidades y contradicciones como las apuntadas.
El país, al igual que a finales del 2001, ha generado anticuerpos valiosos y evolucionado en la institucionalidad. Se piensa a la misma como un sistema de órganos estatales que canalizan las tensiones de una nación absurdamente desigual y con una conducción política digna de ser merecida. El debate en el Congreso, hay que reconocerlo, ha desechado la herramienta del decreto de necesidad y urgencia e instalado la discusión y análisis de una de las tantas cuestiones pendientes de abordar.
Los argentinos han apostado hoy a la vigencia de los poderes del Estado para encauzar los conflictos, pero además han entendido -las clases medias en sus distintos niveles- que no se puede sustentar el desarrollo con semejante desigualdad. Muchos incluso comprenden que esto es justo, lo que resulta verdaderamente una evolución. Lo mismo ocurre respecto del rol del Estado arbitrando las vacíos o desigualdades que genera el mercado, que vuelve a ser considerado.
Este concepto es materia suficiente para avanzar en reformas progresivas de distribución del ingreso -fundamentalmente fiscales- y las presidencias de ambos cónyuges han servido para entronizar el concepto. Pero es una lástima bastardearlo si no puede sostenerse, si se lo prostituye con prácticas políticas como las ya apuntadas. Se produce así el efecto contrario, se debilita el progresismo genuino y se instala en la sociedad la necesidad de llegada de otros actores políticos perjudiciales para la defensa de estas ideas imprescindibles para ser un país justo y equilibrado.
Se dice en estas horas desde esferas cercanas al gobierno que el poder económico concentrado ha dividido al campo popular, reconociendo ahora que había sectores del campo que son "pueblo". Falso.
Los sectores concentrados de la explotación y exportación agropecuaria siguen manejando su negocio como antes de la Resolución 125, al igual que lo harían si la misma hubiera sido sancionada por el Senado. El pueblo que quiere ciertos niveles de igualdad somos casi todos, sólo se trata de no dividirlo privilegiando con ello a unos pocos.
Si el gobierno deja de simular y abandona la soberbia propia del manejo discrecional de una provincia de pocos habitantes en la Patagonia, actitud propia de una forma de hacer política agotada, podrá afrontar los desafíos de la hora. No estamos para grandes epopeyas discursivas, ni cataratas de agravios, "el modelito" no va bien y requiere cambios urgentes, no ajustes. Cambios.
La economía mundial se ensombrece y la Argentina aún cuenta con posibilidades para enfrentar las inclemencias de la incertidumbre. Aún puede ser un país para que todos logren vivir con dignidad. No hay tiempo para más desequilibrios y macaneos, no hay tiempo que perder .
DARÍO TROPEANO (*)
Especial para "Río Negro"
(*) Abogado