BUENOS AIRES (DyN) - El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reclamó ayer al Gobierno el "esclarecimiento" e "información precisa" sobre los desaparecidos de la última dictadura militar, al tiempo que resaltó los avances judiciales logrados en los últimos años.
A la vez, los responsables del Grupo de Trabajo consideraron "lamentable y preocupante" la desaparición del albañil Jorge López, principal testigo en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, ausente desde septiembre de 2006. Durante una conferencia de prensa en esta ciudad, el titular del Grupo de Trabajo, el mexicano Santiago Corcuera, hizo un repaso de la actuación de la comisión en la Argentina, que se extendió entre el 21 de julio y hoy, lapso en el cual mantuvo reuniones con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y de organismos no gubernamentales.
Consultado respecto de las asignaturas pendientes del Gobierno sobre la materia, Corcuera respondió: "El esclarecimiento de casos pendientes o abiertos en nuestros registros. Tenemos unos tres mil casos, cuando se dice que pudieron llegar a 30 mil (durante la última dictadura). Quisiéramos que se nos proporcionara información precisa para poder cerrar esos casos", remarcó.
"Que se continúen los esfuerzos, para que sirva de ejemplo para otros países que no están desplegando este tipo de esfuerzos. Esa es una asignatura pendiente", insistió el funcionario de ONU.
En igual sentido, agregó que "los esfuerzos de identificación de restos tendrán que seguir adelante para poder vincularlos con familiares de los desaparecidos, para que esa persona confirme que en efecto, ya conoce cuál fue la suerte que corrió su familiar".
"De los casos sin registro, estamos muy interesados en que se aclaren, porque se refieren a la verificación del cumplimiento de la Declaración (sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas)", de 1992, contenida en la Convención del mismo nombre, que el Estado argentino aprobó en noviembre de 2007, a través de la ley 26.298, añadió. Al mismo tiempo, Corcuera se mostró "complacido" con los esfuerzos en materia judicial, "tanto desde la perspectiva de procuración de justicia, como desde la administración de justicia propiamente dicha".
