CATRIEL (ACA).- Un proyecto de iniciativa popular impulsado por personas que pretenden crear el Consejo del Discapacitado, no puede tratarse aún porque aunque figura en la constitución municipal no está reglamentado, como buena parte de la ley madre. El legislador radical Nicolás Díaz reconoció que la Carta magna -sancionada el 11 de diciembre de 1990- se incumple en muchos aspectos por falta de reglamentación.
La idea original nació de una joven con problemas motrices, quien comenzó a interesar a familiares de personas con discapacidad y consiguió la colaboración del Partido Socialista, donde ella milita, para salir esta semana a la calle a buscar las firmas necesarias para presentar el proyecto por iniciativa popular a la Legislatura municipal.
"Consultamos a la Legislatura cuáles eran los requisitos para ajustarnos a ellos y nos dijeron que nunca se había reglamentado eso. Nos dijeron que se está trabajando el tema en comisión. Por esta razón es que decidimos esperar, porque tememos que se reglamente y nosotros no hayamos cumplido con todos los requisitos y eso dé lugar a que se rechace el proyecto. Si eso sucediera no se podría tratar nuevamente hasta el año próximo" dijo Eliana Ortega, dirigente del socialismo de Catriel.
El legislador municipal del oficialismo, Nicolás Díaz -quien fue vicepresidente primero de la Convención constituyente municipal- consultado sobre el tema reconoció que una parte importante de la Carta no se cumple por falta de reglamentación. "Mi sueño sería que cuando termine mi mandato, pueda estar reglamentada toda la constitución.
Respecto del proyecto que pretende presentarse por iniciativa popular, Eliana Ortega señaló que "la constitución establece un 15 por ciento del padrón de electores, con lo que necesitaríamos un mínimo de 1.600 avales, pero vamos a contar con más de dos mil firmas", aseguró.
El anteproyecto de ley ha sido trabajado por discapacitados y sus familiares. Pretende crear el Consejo del discapacitado para que el municipio le brinde un espacio físico y presupuesto para su normal funcionamiento; asesorar legalmente al discapacitado y su familia; promover planes de atención psicológica; coordinar acciones conjuntas con el organismo provincial; asesorar al Ejecutivo en las propuestas para la implementación de acciones y políticas relativas a la atención, promoción y equiparación de oportunidades de las personas con esta problemática; promover la eliminación de las barreras físicas y sociales entre otros puntos.
