A horas de la dura derrota en el Senado, y con fuertes críticas a los productores rurales y a los legisladores de la Cámara alta, la presidenta firmó ayer el decreto que da marcha atrás con la resolución 125 y otras normas asociadas, lo que deja atrás el esquema de retenciones móviles que había instalado el 11 de marzo y desató la protesta agropecuaria.

Anoche, a última hora, el ministro de Economía, Carlos Fernández, estampó su firma en tres resoluciones destinadas a hacer efectiva la decisión presidencial.

El anuncio fue bien recibido por las entidades agropecuarias y la consideraron el fin del conflicto.

Las tres resoluciones firmadas por el ministro de Economía limitan la vigencia de la norma que puso en marcha el esquema de retenciones móviles -dispuesta durante la gestión del ex ministro Martín Lousteau- y la reposición de las posiciones arancelarias dispuesta el 7 de noviembre pasado.

De la derrota, nada

La presidenta Cristina Fernández evitó, por tercera vez consecutiva, referirse al rechazo de la Cámara de Senadores a las retenciones móviles y habló sólo del atentado a la AMIA en un acto que compartió con la presidenta de Lituania.

La derrota del proyecto oficial en la cámara alta marcó el peor momento político de la presidenta, que anoche reunió a los legisladores para hacer catarsis y definir como salir del atolladero. 

Con la limitación de la vigencia de esa resolución, el gobierno instaló ahora las resoluciones 368 y 369 de noviembre del año pasado, que fijaban en un 35 por ciento fijo el pago de los derechos de exportación de soja. En los hechos, Cristina Kirchner retrotrae la situación al día previo al inicio del conflicto.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Carlos Fernández, y por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aunque sólo tomó la palabra este último y se limitó a la lectura de la norma.

Los fundamentos del decreto forman casi un resumen de los argumentos y las quejas del gobierno para ruralistas y legisladores en los últimos días. Justifica que las retenciones móviles fue creada porque "la igualdad de oportunidades es un eje" del gobierno y en la intención de "procurar mayor equidad en las relaciones económicas y en la distribución del ingreso".

El decreto insiste con la "repercusión del crecimiento de los precios internacionales de alimentos". Y asegura que esto "aleja la posibilidad de adquirirlos a los sectores populares".

Luego aparecen las duras críticas a las entidades de productores agropecuarios. La norma, que regirá cuando sea publicada en el Boletín Oficial, expresa que el esquema de las retenciones móviles "fue pretexto para un violento lock out que inició una escalada de cortes de ruta, desabastecimiento, acciones verbales y físicas".

También el Congreso se lleva su parte de las quejas oficiales. El decreto diferencia las acciones en Diputados y en el Senado. De la Cámara alta, donde el oficialismo consiguió aprobar la ratificación de las retenciones por siete votos, asegura que se pudo "acordar un proyecto". Pero de los senadores manifiesta que "sólo pudieron lograr un empate", minimizando la decisión del vicepresidente Julio Cobos de votar en contra de la iniciativa oficial y evitar su sanción.

El gobierno se lamenta en el decreto que el Congreso haya sido objeto de "presiones" durante el tratamiento del proyecto.