NEUQUÉN (AN-ACE).- Con la declaración de los altos jefes militares que operaron en la zona del Alto Valle luego del golpe de estado en 1976, finalizará el lunes la ronda de 29 indagatorias prevista por el juez Guillermo Labate en esta segunda etapa de la investigación.

La primera etapa fue la que derivó en los ocho procesamientos de los militares que irán al juicio juicio oral y público por 17 víctimas, con audiencias que comenzarían el 11 de agosto.

Mientras, en el juzgado de instrucción federal Labate tiene en total 20 detenidos en la U5 de Roca a la espera de que se defina su situación procesal por otras 30 víctimas en este tramo, entre ellos varios desaparecidos. El jueves llegaron en avión los tres militares que tenían arresto domiciliario en Buenos Aires y que son de los 8 que irá a juicio. Con la declaración el lunes de los últimos jefes militares citados, finalizará la comparecencia en el Juzgado federal neuquino de imputados de esta segunda etapa.

Del total de detenidos, tres no están en la zona por razones de salud y Labate analiza la posibilidad de trasladarse para tomarles indagatoria.

Son militares que cuando se les informó que estaban detenidos por su actuación durante la última dictadura, debieron ser hospitalizados en Tucumán, Bahía Blanca y Buenos Aires -hospital de Morón- con descompensaciones cardíacas y de presión arterial, según se informó al juzgado. De las indagatorias que se llevaron a cabo, el juez otorgó dos excarcelaciones a policías rionegrinos porque no estaban acusados de asociación ilícita, sino de privaciones ilegales de la libertad: son los comisarios Jorge Galera y Enerio Huircaín. Les negó la excarcelación -porque pesó sobre ellos la acusación de tormentos y asociación ilícita- a los comisarios rionegrinos Oscar Del Mago, Miguel Ángel Quiñones y Julio Villalobos. También se la rechazó al comisario Antonio Camareli, que apeló la decisión en la Cámara Federal de Roca.

Tres imputados -el policía Desiderio Penchulef y los militares Roberto Maier y Jose Ricardo Luera- están con prisión domiciliaria por su edad, mientras que el resto (20) están presos en la U5 de Roca, incluídos los jefes militares que deberán comparecer al juicio en agosto: el general Enrique Olea, el teniente coronel Oscar Reinhold, el teniente coronel Mario Gómez Arenas y el médico militar Hilarión Sosa.

Olea fue indagado el jueves y ayer cumplieron el trámite Gómez Arenas y Sosa. Por la edad Olea, Reinhold y Gómez Arenas estaban detenidos en sus casas en Buenos Aires y capital Federal hasta el juicio oral, pero fueron traídos el jueves por el servicio penitenciario federal para esta indagatoria por otras treinta denuncias.

El militar Luis Alberto Farías Barrera -con arresto domiciliario en Alta Barda hasta el juicio- será indagado el lunes al igual que el militar de inteligencia Julio Oviedo y el jefe (inteligencia del ejército) del centro clandestino de detención, Gómez Arenas. Labate impuso el secreto de sumario para las actuaciones de esta etapa, pero trascendió que las indagatorias podrían alcanzar las denuncias de 55 víctimas, y no por 30 como se conoció inicialmente.