El debate clausurado en la madrugada del jueves con el rechazo del proyecto presidencial sobre las retenciones a las exportaciones agrícolas, cerró aparentemente un capítulo más de nuestra convulsionada vida política e institucional, dejando, sin embargo, varias cicatrices y no pocos resquemores, rencores y divisiones.

No obstante, el caso puede servir para un par de reflexiones positivas, la principal de las cuales podríamos sintetizarla celebrando una derrota del autoritarismo. Por una vez, las instituciones no han funcionado como un eco del Ejecutivo y los legisladores han actuado con independencia, más allá de los intereses y móviles que a cada uno pudieron haberlos guiado.

El vicepresidente, con su emotiva y dramática intervención al final, ha actuado asumiendo una verdadera responsabilidad institucional, sin limitarse a la función burocrática y de casi un empleado del Ejecutivo a lo que se lo quiso reducir. Debiera entenderse que alianza no puede ni debe significar en modo alguno incondicionalidad, y que tal incondicionalidad, que se pretende demuestren los representantes del pueblo de la Nación y de las provincias federadas, es precisamente lo opuesto al espíritu republicano y a la propia esencia de la así llamada "democracia representativa".

El país se ha acostumbrado durante tantos años a que la incondicionalidad al autócrata de turno y el verticalismo sean la regla y que los representantes sacrifiquen la reflexión al espíritu de facción, votando "en bloque" y descartando por sistema cualquier coincidencia con el adversario, a quién se trata más bien como enemigo, que la pareja gobernante ha resultado sorprendida porque no fue "obedecida" por aquellos que entienden constituyen algo así como "su tropa"; ese asombro ha alcanzado a muchos sectores de la población, cuando lo que ha pasado es lo que debiera ser natural y lo es en los países en que las instituciones funcionan.

En los países políticamente desarrollados no se considera una catástrofe que los legisladores voten en contra de una iniciativa oficial, rechazándola, porque justamente para eso fue inventada la institución, para prevenir y, en lo posible, evitar abusos y controlar la marcha de la administración. La vida debería continuar como siempre y no debería estarse hablando como se lo hace ahora, de "traiciones", porque la traición justamente es el no usar de las facultades que la ley y la Constitución les otorgan a los integrantes del Poder Legislativo, convirtiéndose en meros "levantamanos" de quiénes detentan -accidentalmente, ¡no olvidar!- el Ejecutivo, convertido en "suma del Poder Público".

Por ello es alentador lo ocurrido: la independencia y criterio propio que se han demostrado en esta ocasión debieran ser la regla. El autoritarismo ha perdido una partida. Podría ser la ocasión para cambiar el rumbo.

FÉLIX EDUARDO SOSA

(*) Abogado.

Especial para Río Negro