CIPOLLETTI (AC).- "Con esta ordenanza no prohibimos nada. Sólo reglamentamos en qué lugares se puede y en cuáles no, fumar. Además, estamos protegiendo a nuestros niños y jóvenes en el inicio precoz al tabaquismo y a los trabajadores a la exposición cotidiana al humo del tabaco", aseguró ayer la concejal Blanca Altamirano cuando puso a consideración de sus pares el proyecto para declarar los lugares cerrados con acceso público de esta ciudad "100% libres de humo de tabaco".

La normativa se aprobó por unanimidad y comenzará a regir efectivamente en octubre. A partir de ese momento, ninguna persona podrá encender un cigarrillo en bares, confiterías, restaurantes, casinos e incluso en cabinas telefónicas o cajeros automáticos cerrados. La prohibición es total y la ordenanza aclara que no se admitirá la habilitación de zonas específicas destinadas para fumar en ningún espacio cerrado sea del sector público o privado con acceso y/o atención al público.

Los 60 días que restan para que sea puesta en vigencia deberán ser utilizados para concientizar a la población y a los responsables de estos sectores sobre la nueva reglamentación. Todos los edificios deberán tener en lugares visibles, carteles que indiquen la prohibición de fumar y un número telefónico para denuncias, que será determinado por el Ejecutivo municipal.

Luego de especificar a qué se considera "espacios cerrados", la ordenanza aclara que también lo son "todos los vehículos de la administración pública o contratados a su servicios" así como "los medios de transporte público de todo tipo y distancia, incluyendo taxis, remises, transportes escolares o cualquier otro tipo de transporte de alquiler".

Las sanciones, que fueron los últimos aspectos en definirse, quedaron establecidas en un rango que va de los 200 a los 5.000 SAM (entre 700 y 18.000 pesos) en casos de reincidencia. Incluye la clausura de los locales en dónde se viole la prohibición de fumar.

El hecho de que las mayores sanciones recayeran sobre los dueños de los locales fue uno de los aspectos cuestionados por la Cámara de Industria y Comercio de esta ciudad.

Sin embargo, los concejales justificaron la medida en que de esta manera es posible que la ordenanza sea efectivamente cumplida. "En esta norma el comerciante se transforma en un ente fiscalizador, pero tiene una vía de escape en caso de que el fumador no quiera dejar de hacerlo. Si logra demostrar que se acercó al infractor y le pidió que cesara en su actitud, es motivo para que no se le instruya la causa", explicó el concejal Lucas Pica.

El presidente del Concejo, Abel Baratti, fue el encargado de responder a las críticas sobre supuestas presiones que habrían recibido para "apurar la sanción de la ordenanza", algo que deslizó la semana pasada Sergio Roldán de la comisión directiva de la CIC. Luego de recordar que se está trabajando con el tema desde hace 8 meses, el edil recalcó: "no tenemos presiones de ningún funcionario, de ninguna ciudad y de ningún aspecto que se les pueda ocurrir. Esto lo queremos dejar bien claro porque a quien nos debemos en primera y última instancia es a nuestra comunidad y estamos trabajando para el bien común", expresó.