La defensa de Luciano Benjamín Menéndez denunció ayer que la reanudación de juicios a militares representa "inseguridad jurídica", al tiempo que pidió la absolución "por el beneficio de la duda" para el ex general y otros seis acusados en el proceso por crímenes de lesa humanidad y solicitó que, en caso de ser condenados, no se los envíe a una cárcel común.

Los defensores oficiales Mercedes Crespi y Máximo Liva cuestionaron la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, reivindicando las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y aseguraron que no hay pruebas concretas de la participación de los acusados en los crímenes de Hilda Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Cardozo, miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en 1977.

El fallo del juicio se conocerá el próximo 24 de julio. Aún cuando solicitaron "la invalidez de toda la prueba testimonial", por considerar que los testigos no fueron neutrales ni imparciales y que no se podía inculpar a los acusados por esos hechos, los abogados ocuparon parte de su exposición para tratar de evitar, ante una posible condena, la cárcel común o la pérdida del arresto domiciliario.

Estos planteos estuvieron referidos a Menéndez (ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército), Hermes Rodríguez, Luis Manzanelli, Carlos Vega, Carlos Díaz, Oreste Padován y Ricardo Lardone. "Las cárceles no deben ser para castigo (...), por lo tanto las penas no deben ser para castigo", dijo Liva, quien remarcó al tribunal presidido por Jaime Díaz Gavier que "este no es un juicio político" y advirtió por la situación de "inseguridad jurídica" que afectaría a los acusados por la reapertura de los procesos. (DyN)