NEUQUÉN (AN/ACE).- La querella en el juicio de la causa de "La Escuelita" reclamó ayer que los acusados no gocen en el momento del proceso de prisión domiciliaria.

"La mejor protección contra los testigos, es que se les revoque la prisión domiciliaria a los procesados durante el juicio", dijo ayer Ivana del Bianco, una de las abogadas querellantes, sobre los preparativos del primer juicio oral y público contra los represores, que comenzará en agosto.

Según información extraoficial, el 11 de agosto se iniciarán las audiencias.

Los acusados en el juicio con arresto domiciliario son Enrique Olea, Oscar Reinhold, Luis Farías Barrera, Mario Gómez Arena e Hilarión Sosa; mientras que Jorge Molina Ezcurra, Julio Oviedo y Sergio San Martín están en unidades carcelarias.

El tribunal escuchó ayer las inquietudes de los testigos-víctimas de la causa e informó de aspectos organizativos que serán conocidos luego, a través de una resolución que se emitirá en los próximos días: el juicio se realizará en dos jornadas semanales, durante varios meses.

Uno de los aspectos ventilados fue la posibilidad de que los imputados no estén presentes durante el juicio, luego de la lectura de los cargos. Se trata de un planteo hecho por las defensas de los procesados, en una reunión que el Tribunal mantuvo con las partes -defensas y querellas- el lunes. El Tribunal Oral Federal -integrado por Orlando Coscia, Eugenio Kromm y Oscar Albrieu- dará a conocer en breve la fecha del inicio del debate y los testigos y la prueba que se ventilarán en el juicio.

Ayer, el TOF se reunió por varias horas con las víctimas para darles a conocer cómo será el proceso y las modalidades de la audiencia. Estuvieron presentes los querellantes; en tanto la preocupación de las víctimas fue si iban a poder estar en el debate con un familiar y si les ocurría algo, con quién se debían comunicar.

En la reunión hubo funcionarios de Nación: un representante del programa nacional Verdad y Justicia, integrantes del Codesedh -ong de contención profesional a las víctimas de terrorismo de Estado- y la directora del programa nacional de protección de testigos del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Mercedes Depino.

"El mayor riesgo para los testigos, es que los acusados estén libres y en su casa con la posibilidad de comunicarse con el resto del aparato represivo que funcionó en 1976, de los cuales no sabemos nada", se quejó Del Bianco quien se posicionó a favor de que se le revoque la prisión domiciliaria a los imputados durante el período que duren las audiencias, para evitar "que tengan la posibilidad de hacer un atentado". Detalló que "existe el antecedente de que Farías Barrera intimidó a dos testigos de la causa cuando se enteró de la reapertura, y los chicos de Hijos recibieron hace pocos días un cráneo en una clara intimidación. De todo el circuito represivo de Neuquén, sólo hay ocho en juicio y una veintena indagados; dónde está el resto y qué hace", se preguntó la abogada del Ceprodh.