SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El gobierno municipal evalúa distintas alternativas para "encuadrar en el marco legal" la prestación de servicios y el cobro de tasas en Catedral, que fueron delegados a la Asociación Empresarial del cerro por medio de un convenio irregular.

El asesor letrado del municipio, Daniel Balduini, todavía no emitió dictamen sobre el tema pero comparte el criterio de que la cesión de derechos firmada por gobierno anterior se contrapone con la Carta Orgánica.

Ante una consulta de este diario, Balduini aseguró que la Empresarial no está legitimada para cobrar tasas en nombre del Estado municipal. Opinó que el pago exigido a los propietarios del cerro "se ajusta más al concepto de expensas".

Admitió sin embargo que "la solución es compleja porque el municipio no está en condiciones de asumir de inmediato la prestación de servicios en el cerro".

El intendente Marcelo Cascón le encargó analizar variantes para sortear la irregularidad. En cualquier caso, el actual esquema no se mantendría más allá de la actual temporada invernal y ya estaría tomada la decisión de anular el convenio.

En el Ejecutivo reconocen que está caído de hecho en razón que no existe una ordenanza que lo avale.

Otros van más allá -Balduini entre ellos- y sostienen que aun con aprobación del Deliberante, el convenio es inviable porque la Carta Orgánica declara "indelegable" la potestad tributaria del municipio.

La gestión anterior nada hizo por blanquear el polémico acuerdo y la actual, hasta ahora, mantuvo la situación sin cambios. La contradicción más notoria es que mientras los funcionarios admiten que la AEAC no puede cobrar una tasa, el municipio exige su pago para emitir libre deuda a los contribuyentes del cerro.

Balduini dijo que si la empresa cobrara "expensas", como cualquier consorcio, también tendría herramientas jurídicas para perseguir a los morosos.

El titular de Empresarial, Alberto Del Giudice, está convencido de lo contrario y sostiene que sin respaldo del Estado sería imposible cobrar la tasa, que tiene una insólito régimen de ajuste instantáneo de imposible aplicación en el resto del ejido.

Del Giudice dijo que las críticas al convenio "son poco serias" e invocó un antiguo decreto provincial que los habilitó para encargarse de los servicios y para cobrar tasas, derechos, contribuciones, gravámenes y multas.

El empresario desmintió que los contribuyentes que se nieguen a pagar la tasa estén amparados por la ley y aseguró que hay sentencias sobre ese punto que ya favorecieron a la Empresarial.

Balduini dijo que si existen esos fallos, él los desconoce. También el ex asesor letrado del Concejo y del Ejecutivo municipal, Federico Lutz, desmintió que la Justicia haya avalado la legitimidad de la Empresarial para cobrar la tasa.