Las 63 familias que integran la cooperativa Río Iguazú (personal de Prefectura) y los 44 empleados judiciales que integraron un consorcio para construir sus casas en el barrio Casa de Piedra no tienen precisiones del estado de las tramitaciones ni fecha concreta del inicio de obras.

Una de las integrantes de la cooperativa denunció su angustiante situación ante el Concejo Municipal. La mujer irrumpió en una de los debates de la emergencia habitacional y pidió a los concejales que intercedan para acelerar el proceso.

El consorcio de empleados judiciales está pasando por una situación similar y desde la delegación local del IPPV no pudieron brindar precisiones sobre el estado de ambos proyectos.

Hoy los concejales volvieron a reunirse para compatibilizar las dos declaraciones de emergencia habitacional que servirán de base a un proyecto común consensuado con el Ejecutivo.

Fuente: Agencia Bariloche