Días pasados, cuando mi hijo de 8 años se encontraba a dos cuadras de la escuela -camino a casa- fue interrumpido en su trayecto por un adulto, intimidado y acusado por un hecho absolutamente falso e inexistente. Poco después recibo una citación policial por la cual se notificaba que esta persona había efectuado una denuncia y que mi hijo -repito, de 8 años de edad-estaba "imputado" por el delito de amenazas, radicada ante el Juzgado de Instrucción Nº 12 de esta ciudad.

Hasta aquí los hechos, y lo inaudito, inadmisible: la conducta del adulto, la denuncia en sede policial, la elevación a un juzgado penal. En definitiva, una serie de irregularidades concurrentes y anomalías todas contrarias al trato y dignidad de los niños. Ellos merecen la mayor atención y protección integral, especialmente su dignidad eminente como persona, el cuidado de su integridad física, psíquica, moral, como ante cualquier otra violación a sus derechos y la dignidad como sujeto de derecho y persona en desarrollo.

He comenzado actuaciones judiciales por el grave daño que la situación traumática le está causando. Espero encontrar la adecuada respuesta a mi requerimiento y la condigna sanción al causante.

Como mejor fundamento cuento con el apoyo de maestros, directivos escolares, gabinete psicopedagógico, de profesionales que conocen la conducta, el concepto y la educación que recibe, que deben valorarse en el caso. Hechos como el relatado no debieran repetirse, como cualquier tipo de violencia ejercida contra los niños, y situaciones de este tipo deberán denunciarse y las autoridades aplicar y hacer respetar los derechos del niño contemplados en la ley nacional, verdadero código del niño y del adolescente y las convenciones internacionales, hoy de rango constitucional.

Silvia Rodríguez, DNI 21.387.141 

Roca