Después de estar dos años prófugo, el operador del scanner que dejó pasar las "narcovalijas" que llegaron a España con 60 kilos de droga en un vuelo de Southern Winds se entregó voluntariamente a la Justicia y quedó detenido, a la espera de que se cumplan las diligencias procesales para enviarlo a juicio oral.

La repentina aparición de Maximiliano Wilsen se produjo medio año después de que un tribunal condenara a un matrimonio español, un ciudadano colombiano y un empleado de la aerolínea por el contrabando agravado, el primer escándalo que hubo en el gobierno de Néstor Kirchner.

Según se precisó, Wilsen se entregó el último jueves ante el juez en lo penal económico Ezequiel Berón de Astrada, quien lleva la causa.

Primero Wilsen tuvo falta de mérito en la causa por orden del ex juez Carlos Liporaci, después fue procesado con prisión preventiva por el juez Bernardo Vidal Durand -y embargado por 20 millones de pesos sobre sus bienes-, pero luego desapareció y el juez Marcelo Aguinsky ordenó en el 2006 su captura nacional e internacional.

Con la detención de Wilsen sólo queda prófugo el ciudadano colombiano Germán Arcila-Arcila, el presunto narcotraficante a quien se acusa de haber acompañado el traslado de la cocaína al aeropuerto de Ezeiza.

Maximiliano Wilsen operaba el scanner de la empresa TAS que revisaba el equipaje que se embarcaba en el aeropuerto de Ezeiza a través de SW.

El 16 de setiembre del 2004, según la acusación, Wilsen dejó pasar las dos valijas selladas que portaban 60 kilos de cocaína, con un cartelito que las destinaba rumbo a la embajada argentina en Madrid y que no tenían dueño a bordo. Las valijas terminaron dando vueltas en la cinta sinfín del aeropuerto de Barajas, en Madrid, y como nadie las retiró la droga terminó incautada y comenzaron las investigaciones para encontrar a los responsables de ese contrabando.

El 21 de diciembre último el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 condenó a un matrimonio español, a un colombiano y al hijo del ex jefe del aeropuerto de Ezeiza.

Las mayores condenas recayeron sobre José González Villar (8 años) y Elena Toimil Batán (7 años), el matrimonio español que habría sido encomendado para recibir la droga en Madrid y que fue extraditado luego de recibir una condena por la tenencia de un cargamento en el verano del 2005.