En lo que podría tomarse por un rapto de sinceridad, en vísperas del debate parlamentario el ex presidente Néstor Kirchner se preguntó: "¿Con qué vamos a pagar las obligaciones externas los argentinos" si nos vemos obligados a suspender las retenciones móviles a los productores de bienes agrícolas?, lo que fue una forma de confesar que sólo una parte del dinero recaudado irá a aquellos planes sociales que anunció la presidenta Cristina Fernández en un esfuerzo por convencer a la ciudadanía de que, las apariencias no obstante, se trataba de una medida muy pero muy progresista. Aunque la ley que hace poco recibió la media sanción del Congreso estipula que se invierta en programas sociales el dinero procedente de los derechos de exportación de soja y sus derivados que superen el 35% neto de las compensaciones y reintegros que se agregaron a fin de hacerla más potable, muchos economistas dan por sentado que, como fue la intención original del gobierno, el grueso será usado para llenar la célebre caja oficial, además, claro está, de intentar recuperar el superávit primario que es fundamental para que el país se mantenga alejado del nuevo default que muchos especialistas extranjeros dicen vislumbrar en el horizonte.

Puede entenderse, pues, el escepticismo de legisladores como el peronista disidente Jorge Sarghini, quien señaló que es absurdo pensar que un monto que a lo sumo alcanza el uno por ciento de lo recaudado en el transcurso de este año pueda servir para "redistribuir el ingreso" cuando no ha servido para hacerlo el 99% restante. Dicho de otro modo: a su juicio, la retórica empleada por los Kirchner para reivindicar el impuestazo a "la oligarquía" es tan engañosa como las alusiones a las compensaciones que, según el texto de la ley, deberían percibir los pequeños productores agrícolas, ya que se prevé que, merced a las consabidas trabas burocráticas y a la corrupción que suele aparecer toda vez que el dinero está en juego, muy poco llegue a los bolsillos de quienes en teoría podrían verse beneficiados.

La verdad es que la escasa transparencia de las cuentas fiscales y la maraña cada vez más complicada de subsidios que por motivos políticos se ha formado, además de la creación por parte del gobierno kirchnerista de un universo estadístico paralelo desvinculado de lo que está sucediendo en el país real, echan graves dudas sobre el futuro de aquellos hipotéticos planes sociales reivindicados por Cristina. A juzgar por los resultados, hasta ahora, del plan de viviendas que en teoría está en marcha pero que desde hace mucho tiempo se halla paralizado sería asombroso que el dinero aportado por medio de las retenciones se usara para construir casas, hospitales y otras obras propuestas. También lo sería que sirviera para reducir la proporción creciente de pobres que hay en el país a causa de la inflación, por ser claramente insuficientes para tal fin los aproximadamente 2.000 millones de pesos que se espera recaudar.

No se equivoca el ex presidente Kirchner cuando vaticina dificultades en el frente financiero externo. Puesto que el año pasado el gasto público creció el 40%, el país no cuenta con el superávit abultado de los primeros años que siguieron al default y una devaluación brutal. Por lo demás, su acceso al crédito internacional es limitado, de ahí la dependencia de la voluntad del caudillo venezolano Hugo Chávez de comprar bonos gubernamentales que llevan una tasa de interés muy superior a la exigida por instituciones como el FMI. Si bien abundan los que insisten en que siempre hay que anteponer la colosal "deuda social" a las obligaciones externas, a esta altura quienes piensan así deberían comprender que los más perjudicados por la negativa a honrarlas siempre son los pobres que no están en condiciones de defenderse en las crisis resultantes. Asimismo, si la prioridad oficial consistiera en ayudar a quienes menos tienen, no perdería el tiempo celebrando batallas meramente simbólicas contra una "oligarquía" fantasmal sino que haría un esfuerzo serio por frenar la inflación que, al fin y al cabo, es la causa básica de los problemas fiscales que, con torpeza realmente extraordinaria, el gobierno trató de solucionar de golpe apropiándose de una parte notable de los ingresos provistos por el campo.