Para instalar una democracia plena no basta con la designación de autoridades electas por el voto popular y el funcionamiento más o menos fluido de los poderes públicos. Dotarla de contenido es un ejercicio diario y trabajoso. Y a nivel municipal es indispensable hacerlo con la Carta Orgánica en la mano.

Pero en el trajín diario son muchos los funcionarios -de todo color político- que en lugar de esmerarse en el cumplimiento estricto de las normas son expertos en interpretaciones de conveniencia. La "emergencia" o las "presiones" de tal o cual sector, suelen ser las excusas más invocadas.

Difícil encontrar un ejemplo mejor de esto último que el actual esquema de prestación de servicios y cobro de tasas en el cerro Catedral.

Por decisión del anterior gobierno (Icare-Fourés-Barriga) esas facultades fueron delegadas sin más trámite en la Asociación Empresarial del Cerro Catedral, obviamente interesada en evitarse las defecciones municipales en la recolección de la basura, la limpieza de las calles y el despeje de nieve en el centro invernal.

Claro que para cumplir esas tareas necesita fluidos ingresos de dinero, que deben aportar los escasos 150 "frentistas" con asiento en Catedral. Entonces qué mejor idea que convertir lo que debería ser una cuota social en una tasa obligatoria impuesta por el Estado.

Ocurre que la expeditiva fórmula no cuajó nunca en una ordenanza, ni pasó por la audiencia pública (obligatoria para toda concesión de servicios públicos). Los inoportunos requisitos aparecen en la Carta Orgánica, que en otro de sus artículos (el 99) torpedea el sentido mismo del ingenioso convenio, al establecer que la competencia tributaria del municipio es "indelegable".

Con esos datos en la mano no es descabellado afirmar que la gestión anterior firmó el convenio con la decisión tomada de no enviarlo jamás al Deliberante.

El actual intendente, Marcelo Cascón, tuvo siempre una opinión crítica sobre el singular acuerdo y cumplió con la obligación de presentarlo a los ediles durante uno de sus interinatos, a fines del último año. Pero el proyecto se enredó en las comisiones y perdió estado parlamentario.

Al asumir el pasado 1 de junio, Cascón no lo volvió a enviar y prefirió pedir un nuevo dictamen jurídico, mientras la AEAC limpia y cobra en el cerro sin mayores impedimentos, como un municipio paralelo.

El intendente aceptó que las facultades recaudatorias de la entidad empresarial no están legitimadas y cualquier contribuyente puede negarse a pagar la tasa "trucha" sin consecuencias jurídicas.

Pero es tal la sumisión a la voluntad del actor privado que el municipio no deja de exigir esos pagos para emitir certificados de libre deuda a los vecinos del cerro. Al intendente le preocupa que el Catedral quede desatendido durante la temporada invernal y por eso considera que lo mejor es mantener las cosas como están, aunque se lleven a las patadas con la ley.

Cascón pierde en este caso una oportunidad de diferenciarse de la gestión anterior en lo que fue uno de sus peores rasgos: la relativización de las reglas y el abierto aprovechamiento de la falta de los controles.

El manoseado convenio preserva así un nicho de discrecionalidad al que nadie le importa desbaratar. Un símbolo acabado de la retirada del Estado, que no se detiene en formalidades legales.

Es cierto que en el resto del ejido el municipio presta servicios de modesto nivel. Pero también cobra una tasa acorde, que en la franja más cara no supera los 1.700 pesos anuales cuando la AEAC cobra en Catedral un promedio de 8.000 pesos a cada contribuyente.

Nadie puede cuestionar que los empresarios del cerro pretendan servicios de excelencia y que estén dispuestos a pagar por ello. Pero deberían procurárselos por cuenta propia, sin adoptar el disfraz del municipio para garantizarse eficiencia en la recaudación.

Han elegido esa vía a sabiendas de que el Estado -aun maltrecho como está- conserva el poder de coerción tributaria que les resulta indispensable. Poco importa que no lo pueda transferir con la simple firma de un intendente, porque urgían las soluciones y una vez más la tan estimada "seguridad jurídica" fue a dar al cesto de papeles.

A pesar de todo, el episodio no está cerrado y es una ocasión ideal para que tanto el gobierno municipal como el sector privado revisen lo actuado y definan con mayor precisión qué es lo que entienden por calidad institucional.

DANIEL MARZAL

dmarzal@rionegro.com.ar