SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Un condenado que transita la última etapa del cumplimiento de su condena presentó un amparo e invocó una ley que garantiza un 5 por ciento de los empleos en las obras y servicios públicos para quienes están en esas condiciones, pero el Superior Tribunal de Justicia lo rechazó.

No obstante el rechazo por presunta falta de legitimación del amparista, y porque se trataría de un mandamus y no un amparo, y porque "el planteo carece de los extremos indispensables para la admisibilidad", el fallo hace saber a los jueces Correccionales y a las Cámaras del Crimen de la Provincia que deben dar operatividad a la ley invocada en el ámbito de su competencia, y ordenó librar oficios a los tribunales colegiados de Superintendencia Penal de las cuatro circunscripciones judiciales.

La ley provincial invocada por Juan Manuel Papalardo es la 3.228 y está referida a la utilización de mano de obra para la ejecución de obras y servicios públicos con fondos nacionales o provinciales, pues indica que se debe asignar un cupo no inferior al 5% de las personas contratadas a quienes se encuentren en la etapa de prueba del cumplimiento de una condena en las unidades penitenciarias o alcaidías del territorio provincial, o haya sido liberado de las mismas por agotamiento de la pena. Expresa que esa ley es ignorada por los tribunales locales, que ningún interno gozó de esos beneficios, y que el poder político nunca anotició a los penados de su contenido. Remarcó que incluso el Patronato de Presos y Liberados local parece desconocer esa norma.

La procuradora Liliana Piccinini se expidió en la cuestión y recomendó el rechazo, aunque reconoce que la ley fue reglamentada por el decreto 1.435/99, porque entiende que el rol del amparista debería encararlo el actual Instituto de Asistencia a Presos y Liberados. En su dictamen, entendió que deberían solicitarle un informe al Ministerio de Gobierno, de quien depende el organismo.