VIEDMA (AV).- Unos 306 jueces y funcionarios de la Justicia de Río Negro podrán optar hasta noviembre si siguen en el actual régimen jubilatorio o se adhieren al sistema que les garantiza el 82 por ciento para sus futuras jubilaciones. Esa definición y plazo se generará de la aprobación legislativa del convenio con Anses, que además dejará pendiente el retiro de una veintena de magistrados y funcionarios ya en condiciones de jubilarse.

Un posterior decreto otorgará al Superior Tribunal de Justicia un plazo de dos años para aceptar esas desvinculaciones para evitar un vacío institucional. En el transcurso de ese período llegarán a unos 40 magistrados y funcionarios con requisitos jubilatorios.

La Legislatura ratificará esa adhesión previsional seguramente en la próxima sesión, convocada para el 31 de julio. Esta sanción pondrá en marcha el plazo de 90 días de adhesión para los 306 judiciales comprendidos. Este vencimiento será el 30 de octubre si se cumple en aquella sesión o, a más tardar, durante noviembre si se posterga.

Después de algo más de un año de su firma entre Río Negro y Anses, el gobernador Miguel Saiz elevó el viernes a la Legislatura el proyecto de ley que ratifica el acta complementaria que confirma la aplicación de la Ley 24.018 a magistrados y funcionarios del Poder Judicial local.

El cambio de las condiciones previsionales "que triplicará futuras jubilaciones que ahora tienen topes- determinará el pedido de retiro de una veintena de magistrados y funcionarios ya con edad para jubilarse, pero que siguen en el Poder por la diferencia entre los salarios en actividad y las jubilaciones con el actual régimen.

El mandatario fundamentó que los magistrados provinciales se rigen por las mismas obligaciones y derechos que los jueces federales o nacionales y que en virtud de "los principios de igualdad e intangibilidad de las compensaciones, a partir de la ratificación del acta complementaria les resulta aplicable el régimen establecido en la mencionada ley nacional". Esta norma garantiza el 82 por ciento para sus futuras remuneraciones provisionales.

La demora en su aplicación se explicó en la negociación por la forma de pago de la diferencia entre los aportes actuales y los futuros. El nuevo régimen exige un porcentaje previsional superior y por el total de la remuneración (hoy se retiene con un límite).

Esa deuda por los aportes ronda los 10 millones, es decir, un costo medio de 33.000 pesos por aportante. El STJ pidió inicialmente que el Estado provincial asuma aquel costo pero, frente al rechazo de Saiz, se acordó un programa de financiamiento a dos años, es decir, 24 meses. Al final, el Banco Patagonia ofrece una opción de tres o cuatro años.

La sanción originará el plazo de tres meses para que los jueces y funcionarios puedan utilizar el derecho de opción para adherir a este régimen jubilatorio. Por su parte, la Justicia cumplirá con los trámites internos de pagos a la AFIP con los esquemas de financiamiento o, en cambio, la cancelación al contado para aquellos que lo requieran.

El listado de magistrados que se favorecerán incluye a los jueces del STJ, la Procurador General, camaristas, todos los fiscales, jueces de primera instancia, asesores de menores, defensores, y jueces de paz.