Si el asesinato del docente Carlos Fuentealba fue un parteagua en la política neuquina, porque marcó la declinación definitiva de un modelo de gobierno intolerante y autoritario, la condena a prisión perpetua al autor material de la muerte, dictada esta semana por la Cámara Criminal Primera, cierra un ciclo.

Nadie podrá devolver a sus familiares, compañeros y amigos la vida del joven profesor brutalmente asesinado, pero a la sociedad le queda la certeza de que el crimen no ha quedado impune. Ahora resta que la Justicia llegue a los autores intelectuales de lo que pretendió ser un duro escarmiento a los combativos maestros neuquinos. Mientras tanto, ya existen señales en la sociedad neuquina que dan cuenta de los cambios desencadenados, entre otros motivos no menores, por aquella injusta muerte.

Todavía no se habían apagado los ecos de la sentencia aplicada al cabo primero José Darío Poblete, cuando tomaba estado público la decisión del gobierno de que la Policía deje de utilizar la llamada "Pistola Federal", el arma lanzagases con la que fue segada la vida de Fuentealba. El hecho, cuyo significado es sobre todo simbólico -ya ningún uniformado podrá volver a cometer "excesos" mortales con un arma disuasiva-, fue acompañado por otras dos decisiones de mayor trascendencia: la disolución de la Dirección de Información de Estado (DIE) y el lanzamiento de un nuevo plan de seguridad que reemplazará al PIS (Plan Integral de Seguridad) de la gestión anterior, un engendro carísimo que además resultó un fiasco total porque nunca se pudo poner en funcionamiento.

La DIE fue fuertemente equipada durante la gestión de Manganaro, el polémico secretario de Seguridad de Sobisch y a partir de allí estuvo sospechada de hacer inteligencia contra los adversarios políticos y el periodismo independiente. Su disolución es una buena noticia para los sectores democráticos de la sociedad.

Más importante aún, resulta el lanzamiento por parte de las autoridades de un nuevo Plan de Seguridad, al decir del ministro César Pérez, basado en la "prevención social" y, por lo mismo, "con enormes diferencias ideológicas" respecto del PIS, pergeñado también por la dupla Sobisch-Manganaro, y basado en la "mano dura".

Aquel plan, cuyos verdaderos alcances jamás fueron explicados, incluyó la compra de vehículos, helicópteros y un sistema digital de comunicaciones para la policía que nunca funcionó. El proyecto insumió unos 50 millones de dólares, de los cuales sólo el sistema de comunicaciones se habría llevado unos 20. Uno y otro se adquirieron sin licitación, y el segundo a la empresa Damovo, cuyo presidente era José Manuel Requejo García, un amigo de Mauricio Macri, por entonces socio político de Sobisch. Ahora, el gobierno de Sapag también acaba de terminar las relaciones con esa empresa.

Sería bueno que, además de enmendar los dislates heredados de su antecesor, el gobierno actual pusiera estos antecedentes en manos de la Justicia, para que se sepa de una buena vez si hubo o no ilícitos en el turbio manejo de las cuestiones relacionadas con la seguridad del Estado.

Por lo pronto es precisamente en la Justicia donde se verifican otros cambios, aunque acotados igualmente valorables, en relación al pasado reciente. El juicio político para desplazar de la conducción judicial a uno de los vocales comprometidos con la política anterior sigue su curso, pero el proceso de reemplazo de los miembros del TSJ que se fueron para evitar ser enjuiciados no termina de cuajar.

Esta semana el juez federal Guillermo Labate, propuesto para cubrir una de las vacantes, se presentó ante los diputados y todo indica que su nombramiento pasará con éxito el examen. En el oficialismo estiman que contará con el respaldo de la mayoría de la oposición.

No puede decirse lo mismo del segundo candidato propuesto por Sapag. El juez Marcelo Benavides debió renunciar ante una serie de impugnaciones y la perspectiva segura de no obtener respaldo legislativo. Si bien su declinación constituye un revés para Sapag, que fue quien lo postuló, el gobernador tiene a su favor el argumento de que el procedimiento por el cual fue evaluado Benavides fue efectivamente transparente, de conformidad con el decreto por el cual se autolimitó en sus atribuciones para designar a los miembros del TSJ.

Se podrá plantear que los cambios encarados por la actual administración no son suficientes; inclusive que muchos de ellos no son graciosas concesiones, sino que resultan de lo que le impone la realidad a un MPN debilitado por una década de políticas equivocadas. Pero no se puede negar que soplan otros vientos. Y eso corre también para la Justicia que investigó la muerte de Fuentealba.

En el plano económico, el gobierno trabaja para construir un consenso muy amplio, necesario para convalidar la renovación de las concesiones petroleras. Se trata de la apuesta más fuerte de Sapag para dejar atrás la frágil coyuntura financiera actual y catapultar su gestión.

Justamente, esta semana se profundizó el debate político sobre el respaldo opositor a esta jugada. El bloque de Alternativa Neuquina -una coalición que agrupa a peronistas extra Concertación, con el Frente Grande, el MID y la Democracia Cristiana- quedó fisurado por la diferencia de opiniones al respecto. Aunque aseguran que la sangre no llegará al río, en la bancada las posturas son contradictorias. Mientras Hugo Goncalves rescató esta semana la iniciativa oficial -con la única condición de que se cree un fondo para el desarrollo-, Paula Sánchez, de Libres del Sur, se ubicó en la vereda opuesta. Otro tanto hizo el ex candidato a gobernador de Alternativa, Raúl Podestá, quien salió a ratificar su postura durante la Convención: "La renovación de los contratos a empresas privadas -advirtió- violaría la Constitución".

Pero al gobierno no lo desvela demasiado la aprobación legislativa. Descuenta el apoyo de la Concertación y los partidos satélites, y estima que puede sumar el respaldo de 32 de los 35 diputados. Votarían en contra Rodolfo Canini, de Une, y Sánchez y Soledad Martínez, de Alternativa.

Lo que más preocupa ahora al gobierno es el resultado de las negociaciones con Repsol por el primero de los contratos a renovar. Aunque las conversaciones se llevan adelante en el más absoluto secreto, trascendió que ya estaría acordado un aumento de cinco puntos en las regalías, pero subsistirían las diferencias en torno al "front payment", es decir el pago que deberá aportar la petrolera para seguir en el yacimiento.

Allí, las diferencias no estriban tanto en el monto -sobre el que circulan distintas versiones- sino en la forma de cubrirlo. Mientras los españoles estarían ofreciendo una parte en acciones, Sapag insistiría en un solo pago en efectivo. Este fin de semana, se supo, el gobernador se aprestaba reunirse en Buenos Aires con Antoni Brufau, el catalán que conduce la empresa.

En el gobierno no pierden el optimismo. Otro aspecto importante que consideran cerrado es el de los intendentes. Éstos reclamaron un porcentaje del fondo que aportarán las empresas para realizar sus propias obras. Aunque algunos miembros del gobierno consideran que darles ese dinero sería un error, porque terminará aumentando la masa salarial de cada municipio, el gobernador decidió saldar el asunto a favor de los jefes comunales. Sapag, también estaría de acuerdo con el pedido de constituir un fondo provincial de obra pública, para que la parte del pago en efectivo que le toca a la provincia no se esfume en gastos corrientes. Si logra ponerse en sintonía con los españoles, a fin de mes el acuerdo estaría aterrizando en la Legislatura.

HÉCTOR MAURIÑO

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