SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Ayer, tras dos meses exactos de toma pacífica, se retiró el último ocupante de las 120 Viviendas del IPPV y el juez Ricardo Calcagno dio por cerrado definitivamente el conflicto, pero no así la causa que pesa sobre el centenar de personas procesadas por el delito de usurpación.
El segundo jefe de la Policía, Ramón Dutra, fue el encargado de informar la desocupación de la totalidad de las viviendas a primera hora de la jornada, situación verificada por el magistrado en una nueva inspección del lugar. En el comunicado emitido por la oficina de Prensa de Tribunales se destacó que el proceso se completó en forma "voluntaria" y "pacífica".
Sergio Delfino, el último de los ocupantes, aseguró a "Río Negro" que demoró su salida del complejo habitacional porque no tenía a dónde ir con su familia y que depuso su actitud cuando consiguió un
lugar para mudarse. "La negociación llegó al final, el grueso de la gente se fue y era en vano seguir resistiendo solo", explicó.
También ayer, sobre el filo de la feria judicial, Calcagno dispuso la restitución de las viviendas a la empresa Alusa S.A. y ratificó la continuidad del procesamiento por usurpación dictado contra los ocupantes que, todavía, no habían presentado ningún escrito solicitando la extinción de la acción penal.
La causa caratulada "Creide, Arizmendi Gallardo y otros sobre usurpación" , se encuentra en la instancia de apelación ante la Cámara Segunda del Crimen y cuenta con un dictamen de la Fiscalía de Cámara favorable al procesamiento dictado por el juez de instrucción.
En contrapartida, Calcagno informó ayer que "no está prevista la iniciación de causa alguna por daños", tal como indicaron a este diario fuentes del municipio y las fuerzas policiales.
La decisión del magistrado fue compartida por el concejal Darío Duch, quien entendió que "lo normal sería que el juez sobresea, le entregue las viviendas a la empresa (Alusa) y la empresa decida si denuncia e inicia las acciones por daño".
El edil intercedió en distintos tramos del conflicto para destrabar las negociaciones y participa activamente en las tramitaciones de las soluciones habitacionales comprometidas para las familias de la toma.
Cooperativas
Desde ese rol confirmó que se avanza a paso firme en la conformación de las cooperativas de viviendas que solicitarán la asistencia financiera y técnica del programa de emergencia habitacional creado por la resolución 3.026 del Ministerio de Acción Social de la Nación. "Este es un sistema que se está usando en todo el país pero en Río Negro y particularmente en Bariloche nadie lo tiene en cuenta", enfatizó. También evaluó que son buenas las perspectivas de negociación con Germán Lera, apoderado de la sucesión propietaria de las tierras elegidas para emplazar las viviendas de las familias que protagonizaron la toma.
La parcela, de unas cuatro hectáreas de extensión, linda con el plan 130 Viviendas -más conocido como COVIGAST- que fue epicentro de la única toma masiva que precedió al conflicto resuelto ayer.
