El gobierno, a través del Secretario de Transporte, Ricardo Jaime, no descartó ayer "ninguna medida" para "resolver las cuestiones de fondo" en la crisis de Aerolíneas Argentinas, aunque afirmó que por el momento las acciones se han canalizado "por vía judicial".

En tanto, el juez que entiende en la Convocatoria que atraviesa Aerolíneas, Jorge Sicoli, quiere saber cuál es el estado económico, financiero y operativo real de la empresa, antes de la reunión a la que convocó a al operador español Marsans, el Estado argentino y los gremios para el próximo martes.

Jaime subrayó que "si alguien cree que el Estado nacional pudo haber querido perjudicar a una empresa en la cual hoy lleva casi 900 millones de dólares (invertidos), está mirando otra película".

Con esta referencia el funcionario pareció responder a acusaciones que en tal sentido se formuló desde ámbitos empresarios españoles.

Sobre esta cuestión, la vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó ayer que el gobierno argentino y representantes españoles "están hablando" sobre la situación de Aerolíneas, a la cual describió como un "tema bilateral" (gobierno argentino-Grupo Marsans).

El accionista español, en tanto, persistió en el silencio frente a la consulta periodística.

El secretario Jaime fue consultado sobre la posibilidad de que Aerolíneas se reestatizara por ley, y respondió: "Hoy las acciones son vía judicial, pero no descarto ninguna medida que tenga que ver con resolver las cuestiones de fondo".

En la convocatoria para el martes, el juez advirtió que el concurso preventivo que afronta la empresa "si bien se halla técnicamente concluido a la fecha aun no se encuentra cumplido".

Por ello ordenó a la "sindicatura plural" que interviene en la causa que informe "la situación económica y financiera de la empresa en la actualidad, y el pasivo post concursal que afecta a la deudora (Aerolíneas) con especial detalle de la deuda laboral y la que se registre con el sistema previsional y fiscal".

Sicoli completó el panorama reclamando información "sobre el cumplimiento del cronograma de vuelos que registra la compañía especialmente en los últimos 45 días" y "la cantidad de aeronaves afectadas al servicio y las que se encuentren no operativas".

Todo ello en base a las denuncias formuladas por las otras partes, referidas a un retraso de varios meses en el pago de los aportes previsionales y de obra social de los empleados, y también a un retraso en el pago del alquiler de aviones, lo que podría derivar en una merma importante en la flota. (DyN)